La Procuraduría informó este domingo en un comunicado que impuso sanción disciplinaria, consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de cuatro meses, por irrespeto a los funcionarios del Ministerio Público al exalcalde de Cartagena, William Dau.
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Esto por irregularidades de carácter disciplinario relacionadas con haber incumplido el deber de tratar con respeto debido a los funcionarios de la Universidad de Cartagena y adicionalmente, afirmó que en la Procuraduría General de la Nación “también hay un nido de ratas”.
“Resultó evidente, además, la nula intención por parte del investigado de corregir su comportamiento dado que su manifestación desobligante frente a los funcionarios de la Procuraduría se dio precisamente dentro de otra investigación por las mismas expresiones que de manera grotesca, señaló frente a funcionarios del Distrito de Cartagena, situación que resalta su intención latente de transgredir los derechos de los demás, bajo el amparo de una actitud de repudio y rechazo hacia la corrupción, pues aun sabiendo las consecuencias de sus expresiones, imprimió de forma grosera, irrespetuosa y arbitraria, señalamientos que vulneran los deberes que como servidor público está llamado a cumplir”, se lee en el documento del ente de control disciplinario.
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Recordó en este sentido que Dau, en la sesión de audiencia celebrada el 12 de diciembre de 2022, “utilizó un lenguaje inadecuado, impertinente y distante del vocabulario prudente, objetivo y razonable que cualquier funcionario público debe emplear a la hora de dirigirse a los servidores del Estado, con lo cual afectó la dignidad, honra y buen nombre de los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación”.
Por ello el Ministerio Público resolvió declarar probado y no desvirtuado el cargo atribuido al exalcalde y, en consecuencia, impuso sanción disciplinaria, consistente en suspensión en el ejercicio del cargo por el término de cuatro meses, que se convierten en salarios básicos devengados para el momento de la comisión de la conducta reprochada: esto es $56 millones, conforme a lo previsto en la parte motiva la decisión.
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Concluye el reporte que contra esta decisión procede recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular.
