El expresidente Álvaro Uribe pidió a sus ex ministros de Defensa información sobre si se compró o renovó la licencia del ‘software’ de espionaje Pegasus en sus dos gobiernos de 2002 a 2010.
El cuestionamiento va dirigido a los exministros Marta Lucía Ramírez, Jorge Alberto Uribe, Camilo Ospina Bernal, Juan Manuel Santos, el general (r) Freddy Padilla y Gabriel Silva Luján.
“Pregunto por qué ninguna información tuve. Jamás se ordenó interceptar a la oposición, distinto era a terroristas o a receptores de dinero de Chávez, todo por iniciativa y desde las instancias competentes”, señaló el exmandatario en sus redes sociales.
Agrega Uribe Vélez que en 2014, en la campaña presidencial, el entonces presidente Juan Manuel Santos se empeñó en vincularlo con los ‘hackers’ de Andrómeda, pero reiteró que no los conocía.
Y recuerda que el exfiscal Luis Eduardo Montealegre lo vinculó a la investigación del ‘hacker’, a quien aseveró que tampoco conocía.
“Mi proceso sigue en la Fiscalía a pesar de todas las pruebas en mi favor. Ya diez años”, concluyó.
Durante el gobierno de Uribe se destapó el escándalo de las ‘chuzadas’ del DAS, que fueron interceptaciones y seguimientos ilegales del extinto DAS a magistrados, opositores y periodistas, caso por el que han sido condenados una veintena de exfuncionarios y se descubrieron más de 60 responsables.
El presidente Gustavo Petro denunció hace un par de semanas en una alocución pública la supuesta compra por 11 millones de dólares, no reportados en el Presupuesto, desde la Dirección de Inteligencia de la Policía, Dipol, a una empresa israelí de un ‘software’ para perpetrar interceptaciones ilegales a números de celular.
Acto seguido, advirtiendo que aunque es una información confidencial, al no haber relaciones con Israel, leyó un documento fechado el martes 27 de agosto de 2024 dirigido a la UIAF en que se le reporta el movimiento de compra a NSO Group Technologies, empresa israelí de inteligencia cibernética y de espionaje, del ‘software’ Pegasus.
La transacción, agregó, se dio en julio y agosto de 2021, en medio del estallido social en Colombia, cuando un banco israelí presentó un depósito de USD de 5,5 millones en efectivo, relacionado con un acuerdo por 11 millones de dólares entre NSO Group y la Dirección de Inteligencia Policial, Dipol, para la compra de Pegasus.
El efectivo, aseguró el mandatario, fue transportado por vía aérea de Bogotá a Tel Aviv el 27 de junio de 2022, y el resto debía llegar en septiembre u octubre de 2021.
“¿Cómo salen del país 12 millones de dólares en efectivo en un avión desde oficinas estatales para comprar un ‘software’ que espía conversaciones privadas, los de la oposición entonces, transmitida esa información en una revista y un canal de televisión?, ¿a quiénes más interceptaron, con qué orden judicial como ordena la Constitución para que esas interceptaciones no sean delito, de dónde salió el dinero, por qué no se oficializó en el Presupuesto Nacional?, ¿es un lavado de activos desde el Estado?”, cuestionó Petro.
Por lo que, añadió, “he pedido a la UIAF que entregue la información a la fiscal general y al general Salamanca que encuentre el ‘software’ y se le entregue a la Fiscalía para que la ciudadanía tenga tranquilidad de que sus derechos constitucionales sean respetados por el Estado”.
La semana pasada fue hallado muerto en Medellín el ciudadano israelí Yariv Bokor, de 49 años, y quien trabajaba como ingeniero de sistemas para Sandvine, empresa que tiene vínculos con la firma cibernética que creó el programa Pegasus.
La revista Cambio reveló los vínculos que NSO ha tenido con Sandvine, la compañía para la que, desde el 2016, trabajaba Bokor, en cuya residencia las autoridades encontraron manchas de sangre que fueron limpiadas y trozos de vidrio removidos de los demás espacios de la vivienda, para dejarlos concentrados en el baño, donde fue encontrado el cuerpo.
Bokor era propietario de tres apartamentos en la capital antioqueña y de otros bienes en Florida, Nueva York y Los Ángeles, en Estados Unidos.
De acuerdo con el medio, la empresa especializada en inteligencia informática para la que trabajaba el israelí, y cuyo centro de operaciones está en Ontario, Canadá, ha sido señalada por el Gobierno de Estados Unidos de ejercer actividades de espionaje, censura y violación de derechos humanos, monitoreando, acosando y vigilando a periodistas, activistas y políticos en al menos 16 países.
