La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó la solicitud de libertad transitoria, condicionada y anticipada del coronel retirado José Pastor Ruiz Mahecha, quien tiene tres procesos en ese tribunal con 22 víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate (lo que se conoce en Colombia como ‘falsos positivos’) en 2002 y 2003.
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Ruiz Mahecha estaba al mando de un grupo de élite del Batallón La Popa, situado en Valledupar, capital del departamento del Cesar, que entonces dirigía el coronel Publio Hernán Mejía.
Ambos, junto a otro coronel retirado, Heber Hernán Gómez, y otros 12 militares fueron acusados por 127 asesinatos y desapariciones de jóvenes inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras en combate.
Todos aceptaron los cargos, menos los tres coroneles retirados, quienes se enfrentan ahora a una acusación por parte de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP para un “proceso adversarial”, en el que podrían recibir penas de hasta 20 años de prisión, informó el tribunal este lunes.
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En ese sentido, la JEP se declaró competente para continuar con el sometimiento de Ruiz Mahecha, quien se encuentra recluido en una cárcel para militares, pero no le concedió la libertad transitoria y le dio 10 días hábiles para que “remita sus aportes y compromisos para el cumplimiento de los fines del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición”.
El juicio adversarial contra quien fuera su superior, Publio Hernán Mejía, comenzó este mismo mes en la JEP.
Ese es el primer proceso disciplinario a un acusado que no ha aceptado los delitos imputados por esta justicia transicional o que no ha mostrado la suficiente colaboración durante el proceso especial brindado por la JEP, creada por el acuerdo de paz con las FARC en 2016 para juzgar crímenes de lesa humanidad.
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En este caso, Mejía, juzgado por asesinatos extrajudiciales de jóvenes inocentes, llamados ‘falsos positivos’, no quiso reconocer su responsabilidad en los crímenes de guerra y lesa humanidad imputados por la JEP que le halló máximo responsable por su participación determinante en el asesinato de 75 personas en el norte de Cesar y el sur del vecino departamento de La Guajira.
Por ello, el excoronel fue remitido a la UIA, la Fiscalía de la JEP, que actúa como un juzgado más tradicional y donde el acusado puede llegar a enfrentar la pena máxima pedida por la acusación, que son 20 años de prisión.
Se espera que Ruiz Mahecha siga este mismo camino.
