Seis masacres se han registrado en Colombia en las últimas 72 horas. El hecho de sangre más reciente se registró en zona rural de Acevedo, en el departamento del Huila, en donde fueron asesinados tres hombres.
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De acuerdo con las primeras versiones, una de las víctimas es Fabio Ojeda, esposo de la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Playita.
“Los dejaron aproximadamente a un kilómetro de la casa de la residencia, que fue afectada en el momento. Sacaron al esposo de la presidenta de Playita y lo mataron. El señor alcanzó a llegar con signos vitales al centro poblado de San Adolfo. Luego fue remitido a la ciudad de Pitalito, pero lamentablemente en el camino falleció el señor Fabio Ojeda”, explicó el alcalde de Acevedo, Huila, Edgar Prada a Blu Radio.
Además, este lunes al menos tres muertos y cinco heridos dejó una nueva masacre en Colombia, perpetrada en el municipio de Toribío, en el convulso departamento del Cauca, según confirmaron las autoridades.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, lamentó que Colombia amaneciera “con una masacre más, de tres personas, que se reporta en Toribío, Cauca”.
El ataque fue perpetrado en la madrugada por hombres armados en una discoteca de esa localidad, ubicada en una zona de Colombia donde operan disidencias de las antiguas Farc, que desde marzo han incrementado sus ataques en la región, así como otros grupos armados.
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El director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), Leonardo González, señaló que esta es la masacre número 55 cometida este año en Colombia y la novena en el Cauca.
“Desde 2016 en el departamento del Cauca se han cometido 83 masacres, la mayoría en territorio indígena. Se requiere un plan integral de prevención y protección para el departamento y en especial para las comunidades étnicas”, señaló González.
Igualmente, recordó que el fin de semana fueron perpetradas otras cuatro masacres que dejaron 12 víctimas mortales en los departamentos de Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca.
También fueron asesinados los líderes sociales Andrés Erazo, en el municipio de Argelia (Cauca), y Gustavo Antonio Lozada, en Tame (Arauca), fronterizo con Venezuela.
Al respecto, la defensora Marín señaló la necesidad de redoblar esfuerzos en seguimiento a recomendaciones del Sistema de Alertas Tempranas del organismo que dirige, pues considera que Colombia no puede acostumbrarse a la frecuencia con la que ocurren este tipo de crímenes.
La delicada situación de orden público generó que varios congresistas, especialmente de sectores de oposición, criticaran la política de seguridad del Gobierno.
“El Eln, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo están realizando propaganda en redes sociales para reclutar niños entre 8 y 14 años, prometiéndoles una vida feliz. Luego convierten a las niñas en esclavas sexuales y a los menores los utilizan para la guerra. Nuestros niños están en riesgo, mientras el gobierno insiste en su fracasada política de paz total”, señaló Paloma Valencia, del Centro Democrático.
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“La única manera de alcanzar la paz es con seguridad, pero la famosa paz total del gobierno ha sido un fracaso monumental. Han liberado a criminales y permitido que los grupos ilegales crezcan en control territorial.¿Dónde están los que se las pasaban contando las masacres?”, agregó.
Además, su coopartidaria, María Fernanda Cabal, aprovechó la coyuntura para arremeter contra el canciller Luis Gilberto Murillo.
“Ministro Murillo, le contamos que en Colombia en menos de 72 horas se registran 6 masacres que dejan 18 muertos en varias regiones del país. ¿Lo sabía? O es que solo se trata de ver lo que pasa entre Gaza e Israel”, cuestionó la opositora.
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, en lo corrido del presente año se han registrado en el país un total de 56 masacres.
Llamado al Gobierno nacional de Indepaz
Leonardo González Perafán, director de Indepaz, le hizo un llamado al Gobierno nacional a evaluar sus estrategias actuales en materia de protección a las comunidades.
“Es necesario que se preste toda la atención a lo alertado por el SAT para garantizar la prevención de estos hechos y la protección de las comunidades”, indicó.