Los antiguos miembros del Secretariado de las FARC anunciaron este martes que renuncian a la “presunción de inocencia” ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por los crímenes cometidos durante el conflicto armado colombiano, con el objetivo de acelerar los procesos judiciales.
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En un comunicado, los exjefes de la antigua guerrilla señalaron que han “notificado su renuncia al derecho a la presunción de inocencia respecto a los hechos y conductas ocurridos durante el conflicto armado, los cuales han reconocido plenamente ante la JEP”, tribunal creado por el acuerdo de paz firmado en 2016.
“Esta decisión, sin precedentes, tiene como objetivo acelerar el proceso judicial y demostrar el compromiso de los firmantes con la verdad y la reconciliación, asumiendo las máximas responsabilidades por los hechos cometidos. Además, se solicita a la JEP que, en correspondencia con esta renuncia y el reconocimiento de las responsabilidades, se establezca la sanción propia”, agregaron.
Igualmente, los excombatientes pidieron al alto tribunal que emita “una resolución única de conclusiones que agrupe todos los hechos y conductas atribuidas a los firmantes en los diferentes macrocasos”.
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Esto con el objetivo de unificar los procesos y evitar que se fragmenten, como dicen que está ocurriendo, y consideran que esto propiciará “el cierre jurídico del conflicto y el cumplimiento de los principios de justicia restaurativa establecidos en el Acuerdo de Paz”, que firmaron con el Gobierno en 2016.
Lentitud en los procesos
Los excombatientes de las FARC han manifestado en los últimos meses su malestar por la prolongación en el tiempo de los procesos de la JEP, ya que ellos fueron declarados culpables hace casi dos años, pero aún no se han formulado las sentencias propias.
Además, el caso 01 por el que fueron acusados, que trata los secuestros y otros graves crímenes de lesa humanidad cometidos por las FARC, se ha extendido y ahora los magistrados juzgan a mandos intermedios de columnas y frentes de la extinta guerrilla.
En ese sentido, los excomandantes de la guerrilla pidieron hoy a la JEP que “renuncie a la persecución penal de aquellos que no son considerados máximos responsables del conflicto, facilitando la amnistía y otorgando la seguridad jurídica necesaria para quienes han sido considerados partícipes no determinantes”.
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“Los firmantes subrayan que estas solicitudes son cruciales para evitar que el sistema de justicia se burocratice y pierda su rumbo, afectando el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz. Además, instan a la JEP a que cumpla con su mandato y emita decisiones que respeten los principios de celeridad y justicia”, añadieron.
La JEP nació con el acuerdo de paz de 2016 con la intención de juzgar crímenes de lesa humanidad cometidos por la guerrilla, la Fuerza Pública y terceros civiles con un periodo de acción de 20 años como máximo.
Cerca de llegar al meridiano de este tiempo, esta Jurisdicción tiene abiertos 11 casos que involucran a casi 10.000 exmiembros de las FARC, a más de 4.000 de la Fuerza Pública y 184 terceros civiles, en crímenes como ejecuciones extrajudiciales, secuestros, asesinatos de líderes y políticos de izquierdas (como el genocidio de la Unión Patriótica) o crímenes de género.
Sin embargo, solo ha emitido condenas en los dos primeros casos -el de toma de rehenes por parte de las FARC y las ejecuciones extrajudiciales (conocidos en Colombia como ‘falsos positivos’) del Ejército- y en ninguno de los casos hay todavía sentencia con las penas para los culpables.
