El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, salió este jueves en defensa de su par colombiano, Gustavo Petro, investigado por supuestas irregularidades en los gastos de su campaña presidencial, y recordó que un país “no puede renunciar al debido proceso legal”.
”Como alguien que ha sido víctima de todo tipo de persecución política, expreso mi solidaridad al presidente @petrogustavo”, señaló el mandatario progresista en sus redes sociales.
L,a Sala Plena del CNE aprobó el martes por siete votos contra dos una ponencia de los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz que pide formular cargos a la campaña presidencial de Petro por la presunta violación del límite de gastos.
Según la ponencia, la campaña que llevó a Petro a la Presidencia en 2022 sobrepasó los topes de gastos en más de 5.355 millones de pesos (unos 1,2 millones de dólares de hoy), sumadas las dos vueltas electorales.Por esa razón, el CNE “decidió por mayoría, abrir investigación y formular cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, representada por los ciudadanos Gustavo Francisco Petro Urrego, candidato; Ricardo Roa Barragán, gerente de campaña; Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera; María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez, auditores”.
”No se me acusará de ningún delito, que no he cometido, se me hará un juicio por indignidad cuando no se ha sobrepasado ningún tope de la campaña”, agregó Petro, quien acusó al exfiscal general Nestor Humberto Martínez, “copartidario del señor Lorduy y de (el exvicepresidente) Germán Vargas Lleras” de ser el autor de “la estrategia” de “un golpe de estado con pruebas falsas”
.La apertura de la investigación a la campaña de Petro, que lo vincula de forma solidaria por su condición de candidato en el momento en que se cometieron los supuestos ilícitos electorales, no supone una amenaza directa al mandato presidencial, según expertos.En caso de que el CNE compruebe que hubo violaciones a los topes de gastos puede enviar copia de sus decisiones a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que es el juez natural del jefe de Estado y el que decidirá si, en esa eventualidad, se le puede abrir un proceso de destitución.
