El anuncio del Consejo Nacional Electoral, CNE, de abrirle una investigación y formularle cargos a la campaña del presidente Gustavo Petro desató una nueva tormenta política en un país cada vez más polarizado. Por un lado, el oficialismo cerró filas a favor del mandatario y denunció –siguiendo la línea del presidente– un nuevo golpe de Estado en su contra, argumentando que el órgano electoral violó el fuero constitucional del gobernante, que por ley solo puede ser juzgado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.
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La oposición, por su parte, ha aprovechado la coyuntura para deslegitimar la llegada de Petro a la Casa de Nariño, respaldándose en los supuestos delitos electorales que se habrían cometido en el proyecto político progresista de 2022. En medio del borbollón, juristas y constitucionalistas debaten –sin tener un criterio homogéneo– sobre si el organismo está extralimitándose en sus funciones, que son meramente de carácter administrativo.
En un fallo del pasado 6 de agosto, el Consejo de Estado, máximo tribunal de lo contencioso administrativo, determinó que el CNE “sí es competente para continuar las investigaciones administrativas relacionadas con una probable violación a las reglas de financiación de la última campaña a la Presidencia de la República”.
Sin embargo, el alto tribunal estableció “que es competencia del Congreso de la República, a través de la Comisión de Acusaciones, adelantar el eventual proceso para sancionar con pérdida del cargo al jefe del Estado, en el evento en que los hallazgos de la autoridad electoral dieren lugar al desarrollo de una actuación de esa naturaleza”.
En este sentido, César Lorduy, presidente del órgano electoral, aclaró que, en caso de comprobar las irregularidades, el presidente solo podrá recibir una multa económica debido a que solo el Congreso tiene las facultades para sancionarlo de carácter penal.
“El fuero del presidente de la república no será afectado por el Consejo Nacional Electoral. Su permanencia en el cargo o no no depende del Consejo Nacional Electoral, sino del Congreso de la República. Su sanción de carácter penal depende del Congreso de la República. Y en lo que respeta al Consejo Nacional Electoral no tenemos nada distinto que respetar ese fuero y la institución de la presidencia. Eso sí, en el ejercicio de nuestras competencias, y si así resulta debidamente comprobado y las actuaciones administrativas estén debidamente en firme, se impondrán las sanciones económicas a que hubiere lugar”, manifestó el magistrado a EL HERALDO.
Respaldo al CNE
Miguel Ceballos Arévalo, director del Observatorio de Derecho Público de la Universidad Javeriana y ex alto comisionado para la Paz, indicó que aunque las responsabilidades de Petro como candidato y presidente son distintas, ambas están íntimamente ligadas cuando existe una presunta violación a las normas de financiamiento de su campaña.
“Como candidato puede y debe ser investigado y sancionado administrativamente por el Consejo Nacional Electoral. Como hoy presidente, habiendo presuntamente violado normas de financiamiento en su calidad de candidato, puede ser investigado y juzgado por el Congreso de la República, a través de un juicio por indignidad, que puede llegar hasta la pérdida del cargo”, explicó el experto.
“La investigación que ha iniciado el CNE contra el hoy presidente de la República tiene todo el respaldo constitucional, legal y jurisprudencial, pues está dirigida contra candidato, quien, de acuerdo con la Ley 996 de 2005 (artículo 19), que reglamenta específicamente la elección del presidente de la República, “es solidariamente responsable por la oportuna presentación de los informes contables y por el debido cumplimiento del régimen de financiación de campañas, junto con el gerente, el tesorero y el auditor de su campaña”, agregó.
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Sancionar, pero no juzgar
Por su parte, el constitucionalista Juan Manuel Charry aclaró que aunque el CNE sí puede investigar y formular cargos contra los responsables de la campaña presidencial de Petro, lo que incluye al hoy jefe de Estado, lo que no puede hacer el organismo es destituir al presidente, una función exclusiva del Congreso.
“La Ley 996 de 2005 autoriza al CNE para que haga revisiones y auditorías, en cualquier tiempo, a los ingresos y gastos de campaña, y en caso de comprobarse infracción se impondrán sanciones desde multas, congelación de giros, devolución de recursos y, tratándose del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo, según el procedimiento de juicio político por indignidad”, manifestó el experto.
“La función del CNE es probar si hubo o no vulneraciones durante la campaña y, en caso de ser así, enviar las pruebas a la Cámara de Representantes, concretamente a la Comisión de Acusaciones”, agregó.
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Golpe de Estado
Aunque en algunos puntos hay división con respecto a la legalidad de la decisión del CNE, lo cierto es que todos los expertos consultados por EL HERALDO coinciden en rechazar la idea de que en el país se está presentando un golpe de Estado por parte de los organismos de control en contra del presidente Petro.
En este sentido, el abogado Juan Barrero Berardinelli, exmagistrado auxiliar de la Corte Constitucional y del Consejo Superior de la Judicatura, consideró que el proceso abierto en el órgano electoral hace parte de las funciones de las entidades independientes en el país, las cuales hacen parte del sistema de pesos y contrapesos de la democracia colombiana.
“No hay tal cosa como un golpe de Estado. Esto se trata de funciones que tienen los organismos en Colombia. Hay un sistema de equilibrio de poderes, un sistema de pesos y contrapesos, en el que hay órganos autónomos e independientes, como lo es la Organización Electoral en Colombia, como lo es el Ministerio Público, como lo es la Contraloría General, que son organismos que tienen una autonomía e independencia respecto del órgano ejecutivo del poder público. Luego, las funciones que cumplen no tienen nada que ver con tal cosa como un golpe de Estado. Es parte de la institucionalidad y parte de las funciones”, señaló el jurista.
En esta misma línea, Rodrigo Uprimny, investigador senior de DeJusticia, consideró que el discurso de Petro “no solo carece de sustento, sino que es peligroso y desdice de su investidura presidencial”.
“Es cierto que hay sectores de derecha que pretenden que la presidencia de Petro sea inviable y que este no termine su mandato, por lo cual buscan su destitución invocando el artículo 109 de la Constitución que dice que la violación de los topes electorales debidamente comprobada será sancionada con la pérdida de investidura. Es cierto que es una vergüenza que el proceso del CNE esté liderado por Álvaro Hernán Prada, investigado por la Corte Suprema por soborno de testigos en el caso de Álvaro Uribe. Es cierto que hay aspectos de la decisión de la SCCE que ameritan una discusión jurídica. Todas esas críticas y discusiones son razonables, pero es una irresponsabilidad que el presidente llame a la revolución argumentando que existe un golpe de Estado en marcha”, analizó el experto.
Sin competencia
El reconocido abogado Iván Cancino ha reiterado en varias ocasiones que lo más grave del actual proceso es que, “en lugar de centrarnos en la presunta irregularidad financiera que involucra cinco mil millones de pesos”, la atención pública se desvía hacia esta violación de las garantías procesales del presidente.
“El Consejo Nacional Electoral puede investigar la campaña, puede investigar los representantes legales de otros partidos, al revisor fiscal, al gerente, pero no al presidente de la república. Independientemente de lo que dijo la sala de consulta del Consejo de Estado, también se equivocó porque ahí no había un tema de conflicto de competencia, sino de jurisdicciones. Una jurisdicción, la electoral, y una jurisdicción, la comisión de acusaciones. Y la Constitución establece que quien dirime los conflictos de jurisdicciones es la Corte Constitucional y no el Consejo de Estado. Así que para mí también ese concepto es equivocado. Aquí lo que seguirá es acciones convencionales, acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y creo casi con absoluta seguridad que le darán la razón al presidente Petro”, concluyó.
