Hay polémica por el Decreto 1275 de 2024 suscrito el pasado martes por el presidente Gustavo Petro y por el cual, en adelante, las comunidades indígenas tendrán en sus territorios la misma autoridad que las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR).
El mandatario destacó el alcance de la norma, pues dijo que las CAR, “en su mayoría inmensa, no ha demostrado ser instrumentos de cuidado de la naturaleza, sino lo contrario: vía corrupción se han arrodillado a la codicia y esa codicia ha entregado nuestra hermosa naturaleza a la destrucción”.
La norma establece las normas de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas, así como su coordinación efectiva con otras autoridades y entidades del Estado.
La Casa de Nariño indicó en un comunicado que este instrumento permitirá que las autoridades indígenas aporten su conocimiento a otras entidades para la construcción de mecanismos de aplicación de los principios de coordinación, concurrencia, complementariedad y subsidiariedad, siempre con el fin de garantizar la protección de los ecosistemas del país.
El jefe de Estado reconoció que el decreto en pocos días o semanas “provocará una gran discusión, hasta intentarán tumbarlo los que se creen monárquicos, porque dirán, ‘uy, cómo, los indígenas tendrán autoridad ambiental, y nuestras instituciones aristocráticas, que viven robándose la plata, ¿qué’?”.
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Aunque advirtió que si la tumban volverá a presentarla “hasta que los derrotemos, porque nadie puede enseñarle a cualquier colombiano y a cualquier institución colombiana o latinoamericana, cómo se construye el equilibrio vital entre ser humano y naturaleza que los pueblos indígenas de Colombia y de América”.
Petro destacó este reconocimiento a las autoridades indígenas de las que dijo “no se han arrodillado a la maquinaria de muerte” que significa la extracción de combustibles fósiles: “Antes que la ciencia, fueron las comunidades indígenas de todos los continentes, y muy especialmente las comunidades indígenas de las Américas, por su adoración a la Madre Tierra, la que permitía el equilibrio para existir”.
A su vez, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, anotó que “con el decreto que firmamos junto con el presidente y el Ministerio del Interior estamos saldando una deuda histórica con nuestros pueblos indígenas. Ahora tendrán competencias ambientales que reconocen sus saberes ancestrales y reafirman nuestro compromiso con la conservación de la biodiversidad. Los pueblos indígenas podrán implementar planes de ordenamiento ambiental, acceder a financiamiento para proyectos de conservación, y gestionar y administrar recursos naturales en sus territorios, fortaleciendo así su autonomía económica y asegurando un desarrollo sostenible”.
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Y Orlando Rayo, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, saludó: “Hoy, los pueblos indígenas y el Gobierno Nacional dimos un paso decisivo frente a la protección de los sistemas de conocimiento propio que velan por la vida y la biodiversidad. Seguimos caminando la palabra de vida para volver al origen”.
Sin embargo, hay preocupación en las propias CAR y en sectores económicos e industriales que dependen de los permisos ambientales que entregan las CAR, ya que consideran que entregar este poder a las comunidades ancestrales carece de rigor técnico y podría ocasionar que una comunidad detenga grandes proyectos de infraestructura, como ha sucedido en los procesos de consultas previas en el sector de minas y energía.
Al respecto, Juan David Arango, director de Corpocaldas, dijo en sus redes sociales que “la pérdida del ejercicio de autoridad ambiental de las CAR en territorios indígenas significa un debilitamiento de la institucionalidad ambiental. El otorgamiento de permisos ambientales es un ejercicio técnico y los indígenas carecen de conocimiento para aplicarlo”.
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Así mismo, el empresario Nicolás Uribe publicó que “el populismo desdeña lo técnico, odia el rigor. Desmantela el Estado de Derecho”.
Y el abogado Vladimir Salazar advirtió en su cuenta de X, antes Twitter: “No entiendo con base en qué competencia el presidente profiere esta clase de regulación”.
