Hay una controversia armada por el proyecto de acto legislativo que busca que el Sistema General de Participaciones, SGP, crezca hasta el 46,5 % de los ingresos corrientes de la Nación en los próximos 10 años, lo que significaría que las transferencias de recursos a las regiones aumentarían hasta un 9,2 % del PIB para 2036.
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Al respecto, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, José Roberto Acosta, advirtió que “transferir 9,2 % del PIB en 2036 a municipios y departamentos ($395 billones de 2024 para período 2027-2036), sin que antes se definan competencias y destino de esos dineros, viola el artículo 334 de la Constitución, rompe la regla fiscal y materializa una federalización a las malas”.
Por su parte, el exministro Amylkar Acosta advirtió que se trata de un “duro revés para las regiones”, agregando que “con su negativa del aval, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, le dio entierro de tercera al proyecto de acto legislativo, que se tramita en su segunda vuelta, que incrementa los recursos que se les transfiere a través del SGP”.
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Cuestiona Acosta que “según el ministro, dicho proyecto viola la Constitución, la que se pretende reformar y además ‘rompe la regla fiscal’. Por su parte el director de Crédito Público, José Roberto Acosta, espetó que el mismo ‘materializa una federalización a las malas’. Mala noticia esta”.
Entre tanto, el centro de estudios económicos de ANIF, dijo que la reforma aunque parece positiva podría traer serias implicaciones fiscales.
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“De aprobarse, en 2036 el 83% de los ingresos del Gobierno Nacional estarían comprometidos en pensiones, intereses y transferencias del SGP. Esto limitaría severamente el Presupuesto para otras áreas. El acto plantea que, si se aprueba, el Gobierno tendría 12 meses para presentar una ley que defina las competencias de los entes territoriales. Pero… ¿cómo podemos discutir descentralización sin saber quién haría qué? Es crucial que este debate abra la puerta a mejoras en la administración tributaria territorial y a una reflexión profunda sobre los montos y tiempos de transición”, expone.
Y concluye ANIF que “una descentralización fiscalmente insostenible no le sirve a nadie”.
