La Registraduría Nacional del Estado Civil adjudicó este viernes un millonario contrato a la Unión temporal Distribución Procesos Electorales, de la que hace parte la firma británica Thomas Greg, “para contratar los servicios de una solución integral logística, tecnológica, informática para la organización y realización de los procesos electorales de las Juntas Administradoras Locales (JAL), y las Consultas Populares para la conformación del área metropolitana del Suroccidente de Colombia, y el área metropolitana Piedemonte Amazónico”.
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De acuerdo con la entidad, el contrato tiene un valor de 41.000 millones de pesos.
“Será la justicia (penal) la que determine la responsabilidad de los funcionarios en esta adjudicación. Por lo cual, el día de hoy: - Radicaré denuncia penal por esta millonaria adjudicación, ante la posible contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales, debido al posible incumplimiento de los deberes y principios establecidos en la ley 80″, criticó Andrés Idarrága, secretario de Transparencia.
Idarrága, además, solicitará a la Procuraduría General de la Nación que se lleven a cabo las respectivas investigaciones disciplinarias por no garantizar el cumplimiento de principios de la contratación estatal; y a la Contraloría una auditoria por la posible estimación de valores en el análisis de sector de la que, en consideración de Transparencia, careció el proceso adjudicado.
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“Por ello, formal y respetuosamente, le he solicitado al Registrador Nacional Hernán Penagos que: “acredite, justifique e identifique los elementos necesarios que permitan garantizar la objetividad y la transparencia del mencionado proceso de contratación, debido a que en ella, participa en su estructuración el señor ALEJANDRO ALBERTO CAMPO VALERO, quien se desempeña en el cargo de Gerente de Informática de su entidad, siendo exempleado de empresas que han sido beneficiarias históricas de la contratación en su entidad e interesadas en el señalado proceso contractua”.
