La política antidrogas del Gobierno de Gustavo Petro vuelve a estar en tela de juicio. El más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, en inglés), en el cual se reveló que los cultivos de coca crecieron un 10 % en Colombia en 2023 y alcanzaron las 253.000 hectáreas, lo que supone 23.000 más que en 2022, ha dado un duro golpe a la credibilidad de los planes del ejecutivo para combatir la principal renta de los grupos armados ilegales.
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De acuerdo con la Unodc, la producción potencial de cocaína alcanzó las 2.664 toneladas en 2023, un 53 % más que en 2022, año en que fue de 1.738 toneladas, y a 2021 cuando fue de 1.400 toneladas.
Los datos fueron demoledores. El documento revela que que “16 de los 19 departamentos con coca mostraron tendencia al incremento” y que Cauca y Nariño, dos de los territorios con mayores indicadores de violencia, “fueron los más afectados”.
En total, el 89,5 % de la coca está en los mismos territorios donde ha estado en los últimos 10 años; sin embargo, la diferenciación entre zonas de concentración y desconcentración sigue ampliándose.
“El 40 % de los territorios en esta categoría se ubican en la región Pacífico, siendo Cauca y Chocó los departamentos que presentan mayoritariamente lotes nuevos pero no dispersos sino conformando núcleos con densidades de siembra incluso mayores a 12 hectáreas/kilómetros cuadrados, es decir condiciones similares a las reportadas en los enclaves productivos que son escenarios de alta complejidad para la intervención”, añade el documento.
Debido a lo anterior, diferentes sectores políticos, analistas y expertos en el tema se fueron lanza en ristre contra las actuales políticas del ejecutivo, las que cuales han sido cuestionadas desde el principio del mandato de Petro.
“Es un fracaso sin ninguna duda. Y sin ninguna duda, porque como lo advertí como fiscal general, yo voté por primera vez en 30 años de la fiscalía negativamente en el Consejo de Política Criminal, al Consejo de Estupefacientes, a la política antidrogas que presentó el gobierno porque no disponía de ni acciones efectivas para la lucha contra las drogas en Colombia, ni tampoco una política de seguridad que integrara esa política antidrogas. Entonces era la crónica de una situación anunciada en la que se presentó, en donde en este momento se están multiplicando los cultivos, lo que implica que se multiplique la producción de cocaína llegando casi a 2.500, 2.600 toneladas y eso evidentemente hace que el país esté en una situación muy complicada”, manifestó el exfiscal Francisco Barbosa en diálogo con EL HERALDO.
Renglón seguido, Barbosa cuestionó la propuesta de Petro de empezar a comprar las cosechas de coca a los campesinos del corregimiento de El Plateado, jurisdicción de Argelia, en el departamento del Cauca, una zona ampliamente controlada por las disidencias de las Farc.
“No es legal. Él decía que le iban a caer rayos y centella, pero le va a caer en la Constitución y la ley porque es irresponsable lo que está diciendo. Usted no tiene la posibilidad de comprar productos que están además, cuya comercialización está penalizada en el Código Penal. Entonces, no entiendo cómo va a comprar y en caso de que comprara algo, ¿con qué plata? Y si la comprara, ¿cuál es la destinación que además está penalizada en el Código Penal? Lo que es una expresión absolutamente irresponsable y contraria a la ley de la Constitución colombiana”, cuestionó.
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Por último, el exfiscal consideró que los planes de seguridad del Gobierno solo han favorecido a los grupos criminales.
" La política de paz total ha terminado siendo un mecanismo de incentivo de la criminalidad en el territorio que se alimenta de las economías ilegales y las economías ilegales pues tienen que ver justamente con la multiplicación de recursos derivados de actividades económicas ilegales como la del cultivo ilícito y la producción de sustancias prohibidas como la cocaína o la heroína”, concluyó.
La política no arranca
Las críticas no han parado de llover al Gobierno Petro. De acuerdo con María Alejandra Vélez, del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes, el anuncio de compra en el Plateado “puede generar incentivos perversos”. “¿Sembrar para que le compren? Ya pasó con el anuncio del PNIS Además, ¿qué van a hacer con la compra? Es un anuncio improvisado que puede resultar peor”, explicó la experta.
En este sentido, según la acádemica, “esa coca probablemente llena de agroquimicos no creo que sirva para mucho en términos de un mercado alternativo para el cual no está lista la regulación”.
“La política de drogas del presidente Petro no arranca. La promesa de transformación de los territorios hasta ahora se está planeando y en algunas regiones solo hasta ahora se comienza a ejecutar bajo la nueva dirección de sustitución de cultivos ilícitos”, agregó.
Por su parte, Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa de Juan Manuel Santos, consideró que las “cifras de coca y cocaína 2023 son las peores en la historia”.
“Desde que concedieron aspersión a Farc en 2015, a hoy con un gobierno que justifica el crimen. El país nada en coca, que ya se habí dicho, crece corrupción, y aumenta inseguridad. La producción potencial de cocaína en 2023 llegó a 2.600 toneladas métricas, solo se incautó el 28%, el porcentaje más bajo en 16 años. Colocaron más de 1.800 ton. Son miles de millones de dólares para la expansión del dominio territorial de bandas criminales y la corrupción”, lamentó Pinzón.
Mapa criminal
La Unodc advirtió que las actuales dinámicas de los cultivos de coca han favorecido al crecimiento y consolidación de las estructuras criminales, que han engordado sus bolsillos luego del Acuerdo de Paz.
“La nueva geografía de la coca parece estar favoreciendo la consolidación de territorios en donde la intensificación del fenómeno coincide con un aumento de la violencia contra lideres sociales, el incremento de actividades conexas al cultivo, un deterioro general de las condiciones de seguridad y un aumento de la presión contra comunidades vulnerables como son los pueblos indígenas y afrocolombianos, y en algunos territorios emergen y se consolidan otras actividades ilícitas”, se lee en el informe.
Debido a lo anterior, según Naciones Unidas, en Colombia,la violencia persiste en la etapa posterior a la firma del Acuerdo de Paz, ya que “grupos como el ELN, EPL, AGC y disidencias de las FARC-EP continúan activos y vinculados al crimen organizado transnacional, enfocándose en la producción y tráfico de cocaína”.
“Esta situación ha convertido a algunas regiones que coinciden con las zonas de concentración en puntos estratégicos para actividades ilegales, intensificando el narcotráfico, la minería ilegal y la trata de personas, lo que perjudica la economía local y dificulta el control de la ilegalidad”, explicaron.
En total, según las cifras de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 48 % de la coca se localiza en zonas de manejo especial, como lo son parques nacionales naturales (4 %), resguardos indígenas (10 %), reservas forestales (14 %) y tierras de las comunidades negras (20 %).
