BOGOTÁ. La JEP reportó este miércoles en un boletín que compulsó copias a la Fiscalía, la Corte Suprema de Justicia y el mismo tribunal de paz contra un antiguo comandante de la Brigada XVII, seis agentes del Estado en Casanare y Arauca, y tres civiles, porque supuestamente “habrían contribuido a la consolidación del poder paramilitar en estos departamentos”.
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Esto tras “un ejercicio de recaudo probatorio y contraste realizado por la magistratura, tras recoger el testimonio de Dairo Antonio Úsuga David, conocido como Otoniel”.
Las diligencias se llevaron a cabo los días 9, 10 y 11 de abril de 2024 en Estados Unidos, en el marco de los casos 03, que investiga asesinatos y desapariciones forzadas, y 06, que se centra en la victimización de la Unión Patriótica, UP.
Por ello se compulsaron copias contra Julio Acosta Bernal, exrepresentante a la Cámara por Arauca, excónsul de Colombia en Singapur y exgobernador de Arauca, “por facilitar el ingreso del Bloque Vencedores de Arauca y su participación en la expansión paramilitar en la región”.
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Así mismo, contra Helí Cala López, exgobernador encargado de Casanare y exrepresentante a la Cámara por el mismo departamento, “por su presunto apoyo logístico a las AUC en Casanare”.
También contra Óscar Raúl Iván Flórez Chávez, exdiputado y exgobernador de Casanare, “por su presunta participación en la consolidación del poder paramilitar en la región”.
Igualmente contra los exsenadores Milton Rodríguez Sarmiento, “por su presunta colaboración en la financiación y apoyo al Bloque Centauros en Casanare”; y Carlos Cárdenas Ortiz, “por su presunta participación en la consolidación del control paramilitar en Casanare”.
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Así como contra el mayor general Carlos Omairo Lemus Pedraza, “por su presunta connivencia con grupos paramilitares en Arauca, lo que permitió su expansión en la región durante su comandancia de la Brigada XVIII del Ejército Nacional entre 2000 y 2003″.
Siguen Alfredo Guzmán Tafur, exalcalde de Tame, “por su presunta contribución al establecimiento del Bloque Vencedores de Arauca”; y Andrés Rueda Gómez, empresario y exsecretario de infraestructura de Casanare, “por la presunta apropiación de recursos públicos en favor de las AUC en la región”.
Y en Cartagena contra Sergio Hernández Gamarra, exrector de la Universidad de Cartagena, “por su presunta colaboración financiera con las AUC en Casanare” y Sigifredo Gómez Torreglosa, contratista de la Universidad de Cartagena, “por su presunta vinculación en la ejecución de contratos para financiar actividades paramilitares en Casanare”.
