La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, presentó este jueves el informe de litigiosidad con corte al pasado 30 de septiembre.
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En este se indica que hay 337.252 demandas contra la Nación por una suma de $747 billones, incluyendo 15 procesos internacionales de inversión por $49 billones. Entre tanto, el Estado como demandante tiene 44.225 procesos por $24,8 billones.
Se señala también que el sector público, representado por la Andje, al tercer trimestre de 2024, conserva una tasa de éxito en estos procesos del 89,7%, mientras que en 2019 era del 50,6%.
Así mismo, se reporta que de 1980 a 1999 permanecen 127 procesos sin resolverse, de 2000 a 2009 3.068 demandas y el resto fueron radicadas entre 2010 y 2024. El 43% de estas demandas son por temas laborales y el 31% ordinarios, las que piden reparación directa constituyen el 51% y las que piden algún tipo de nulidad el 24%.
En el Caribe, en Atlántico (cuarto a nivel nacional con más demandas) hay 16.945 procesos y en Bolívar (quinto) 14.746.
Sucre es el segundo departamento en el país con una mayor pretensión de recursos en demandas, con $109 billones, solo superado por Cundinamarca con $282 millones.
Y el proceso judicial más cuantioso en el país era en ese momento, a septiembre 30, fecha del informe, uno que se había iniciado debido a que la Secretaría de Tránsito de Sampués, Sucre, siguió funcionando tras su supresión, por lo que un grupo de afectados pedían reparación y estaban demandadas la Policía, la Procuraduría, el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Transporte por $46,2 billones.
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No obstante, la Andje había informado el pasado 18 de octubre en un comunicado que “en una importante sentencia emitida el 23 de septiembre de 2024, el Consejo de Estado negó las pretensiones de una demanda que podría haberle costado al país la suma de 46 billones de pesos. En el proceso judicial se señalaba a la Oficina de Tránsito y Transporte del municipio de Sampués, en Sucre, de operar de forma ilegal, lo que supuestamente perjudicaba a los conductores sancionados por dicha entidad”.
La demanda, se lee, contenía varias pretensiones, algunas de las cuales fueron presentadas fuera del plazo permitido por la ley, por lo que se declaró la caducidad de la acción en ciertos aspectos. Además, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo determinó que la Oficina de Tránsito fue creada de manera legal y que las multas impuestas correspondían a infracciones de tránsito reales.
Por lo que la Agencia califica la providencia de la alta corte como una “decisión que representa un ahorro millonario para las arcas del Estado, al evitar el pago de indemnizaciones que los demandantes reclamaban”.
Recuerda el documento que la demanda fue promovida por un grupo de 50 personas contra varias entidades del Gobierno, entre ellas el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, la Superintendencia de Transporte, la Procuraduría General de la Nación y el Departamento de Sucre.
Al respecto, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, César Palomino Cortés, saludó que “este fallo se convierte en una gran victoria para el país, ya que protege los recursos públicos y refuerza la autoridad de las entidades encargadas de hacer cumplir las normas de tránsito”.
Así las cosas, el proceso más cuantioso actualmente también se presenta en Sucre, en Covenas, por un derrame de crudo, en el que los reclamantes piden una reparación a un grupo de $28 billones por daño o amenaza ambiental y los demandados son la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH; Ecopetrol, Ministerio de Minas, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y Oleoducto Central.
