A través de un boletín, la Procuraduría reportó este jueves que solicitó a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad, y al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, remitir información sobre el cumplimiento de los acuerdos establecidos con la Coordinadora Nacional Minera, los cuales fueron suscritos el 25 de octubre de 2024, con el propósito de ponerle fin a la protesta social pacífica en el Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño, Sur de Córdoba y Marmato.
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El ente de control exigió al Gobierno, entre otros, el cronograma para implementar el Decreto 044 de 2024, por el cual se establecen criterios para declarar y delimitar reservas de recursos naturales de carácter temporal en el marco del ordenamiento minero-ambiental.
De igual modo, deberá remitir la respuesta escrita del Ministerio de Ambiente a las propuestas presentadas por la Coordinadora Nacional Minera el 5 de noviembre, en la reunión contemplada en el punto 11 del acuerdo, a la cual no fue convocada la Procuraduría, más, sin embargo, acompañó la jornada.
También deberá ser explicada la información sobre el apoyo de la cartera ecológica a los procesos de formalización minera.
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“Así mismo, y teniendo en cuenta que el ministro de Minas anunció a través de su red social X que se adelantaron primeras sesiones de trabajo de coordinación con el Ministerio de Defensa y la Agencia Nacional de Minería, el órgano de control requirió se alleguen las actas o notas de relatoría de estos espacios, detallando los compromisos asumidos y los cronogramas acordados”, se lee.
Y, por último, hizo un llamado de atención la Procuraduría “al Gobierno Nacional al no estar siendo informada ni convocada a las reuniones estratégicas y espacios de diálogo con el sector minero de pequeña y mediana escala, añadiendo que es deber del Ministerio Público velar por los derechos de los ciudadanos, especialmente en los temas ambientales y minero-energéticos”.
