El presidente Gustavo Petro anunció en la tarde de este miércoles la apertura de un proceso en el cual se investiguen las dádivas que han entregado los diferentes gobiernos a los congresistas del país con el objetivo de obtener apoyos en sus iniciativas oficialistas.
“Ahora sí va a prosperar un proceso que yo voy a intentar que se extienda a todas las acciones donde se entregaron dineros públicos por votos en el Congreso durante casi todos los gobiernos que me precedieron, porque en el mío, lo primero que dijo cuando me instalé el gabinete, fue que no iba a ver cupos indicativos para congresistas. Y, en mi opinión, aunque Olmedo López intentó realizarlos, el hecho de que yo lo haya despedido a tiempo impidió que los hubiera. Y no los hubo en mi gobierno, ni los hay, ni los habrá”, explicó el mandatario.
Petro llevaba días defendiendo a su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien lo acompañaba en su círculo más próximo desde que era alcalde de Bogotá, frente a las acusaciones de que le señalaban en el escándalo de corrupción más grande que enfrenta el Gobierno y que tiene como centro la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD).
Bonilla fue señalado como la persona que autorizó el desembolso del presupuesto de la UNGRD, después de que se conociera la malversación de 46.800 millones de pesos (unos 11,7 millones de dólares) en la compra de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento caribeño de La Guajira.
Según un chat publicado por Noticias Caracol, el ahora exministro supuestamente coordinó la adjudicación de tres contratos por 92.000 millones de pesos (unos 23 millones de dólares) para beneficiar a seis congresistas a cambio de que apoyaran la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno. Sin embargo aún no ha sido acusado formalmente por la Fiscalía y solo le están investigando.
Bonilla, quien llegó al cargo en mayo de 2023 cuando sustituyó a José Antonio Ocampo, ha justificado su renuncia para centrarse en su “defensa como ciudadano desprovisto de la condición de funcionario público” y “evitar cualquier daño al devenir del gobierno en su agenda pública”.
