La Procuraduría informó este jueves en un comunicado que envío una advertencia al Congreso de la República, antes de que se presentara para último debate el pasado lunes el proyecto de acto legislativo “por el cual se fortalece la autonomía de los departamentos, distritos y municipios, se modifica el artículo 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, más conocida como la reforma al Sistema General de Participaciones, SGP.
“Las recomendaciones estaban encaminadas a evitar escenarios en los que se pudiera ver afectada la autonomía territorial en el corto, mediano y largo plazo o la provisión eficiente de bienes y servicios públicos y, con ello, el cierre de brechas socioeconómicas y la protección de derechos para las poblaciones vulnerables”, se lee.
Agregó el Ministerio Público que para velar por la sostenibilidad fiscal de la autonomía territorial, se invitó a los congresistas a retomar las cuatro propuestas incluidas en el Informe Final de la Misión de Descentralización en relación con el Sistema General de Participaciones, radicado el pasado 24 de junio, avances que fueron remitidos a los entonces presidentes del Senado y Cámara respectivamente, el 29 de febrero.
“Las propuestas, construidas por expertos en 68 espacios, buscaron establecer un piso mínimo del porcentaje de participación de los territorios del 30,5% de los Ingresos Corrientes de la Nación; recomponer la distribución de recursos en dos bolsas, una sectorial (con el 80,18%) y otra territorial (con el 19,82%); establecer nuevos criterios de distribución de la bolsa de Propósito General, la cual sería dirigida solamente a municipios y distritos y flexibilizar los recursos del SGP de propósito general”, indicó el ente de control disciplinario.
Era indispensable, expuso la Procuraduría, tener en cuenta la conclusión de la Misión de Descentralización, en el apartado donde se resalta que la cantidad de recursos dentro del sistema no han logrado cerrar brechas que persisten en todos los sectores, así como entre los desempeños fiscales entre categorías de entidades territoriales.
Por ello, afirma, es necesario “ajustar los criterios de asignación de las crecientes transferencias con el propósito de cerrar brechas dentro de los sectores y entre las entidades territoriales con capacidades fiscales, administrativas y estándares de bienestar muy desigual”.
Por último, el Ministerio Público reiteró que las recomendaciones estaban encaminadas a evitar que se configuren escenarios que puedan afectar los intereses de la sociedad, la protección de derechos fundamentales o desconocer el ordenamiento jurídico y se emite en el ejercicio de la colaboración armónica consagrada en el artículo 113 de la Constitución Política.
