El 2024 ha sido un año tormentoso para el gobierno de Gustavo Petro. Las críticas por los indicadores de baja ejecución de los ministerios, los rafagazos de fuego amigo, las denuncias de abuso de poder y los líos para concretar un flujo de caja ideal de cara al otro año han generado un clima de incertidumbre y poca credibilidad que han golpeado duramente los cimientos de la Casa de Nariño.
Sin embargo, hasta ahora, el Ejecutivo de izquierda ha visto cómo de sus manos se ha escurrido gran parte de su capital político en el país por ese mal que tanto denunció en años anteriores y que –además– juró acabar: la corrupción.
La gran ‘olla podrida’ se destapó en La Guajira, uno de los territorios que históricamente han estado más abandonados por el Estado. El presidente –fiel a su discurso de arropar a las minorías– se centró en brindarle garantías y una mejor calidad de vida a la población indígena que vive en la parte alta del departamento, pero la iniciativa no salió nada bien.
La traición vino de la propia casa. Olmedo López, el entonces director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Ungrd, junto con Sneyder Pinilla, otrora directivo de la entidad, lideraron un millonario entramado de corrupción que involucra a altos funcionarios del gabinete, congresistas y autoridades departamentales. El escándalo estalló en febrero luego de que se destapara la malversación de 46.800 millones de pesos en la compra por parte de la Ungrd de 40 camiones cisterna para llevar agua potable a zonas desérticas del departamento de La Guajira.
Pero el robo solo era la punta del iceberg. Luego saltaron a la palestra pública algunas inconsistencias sobre contratos en ollas comunitarias, plantas desalinizadoras, jagueyes y fondos de interés colectivo.
Debido a lo anterior, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos al ex director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres Olmedo López y al ex subdirector para el Manejo de Desastres de esta entidad Sneyder Pinilla, por los delitos de concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado.
De acuerdo con el ente acusador, del hecho irregular también hicieron parte el ex subdirector Luis Carlos Barreto; el exasesor de la dirección de la Ungrd Pedro Rodríguez Melo, el abogado Edgar Riveros y Luis Eduardo López Rosero, que por ser contratista en la compra de los carrotanques, según la acusación, habría recibido un 13 % de la licitación.
“Quiero comenzar pidiéndoles perdón, a ustedes como representantes del pueblo y al pueblo de Colombia por lo que ha acontecido en la Ungrd. Olmedo viene de la izquierda desde hace décadas, lo cual hace que tengamos que pensar que el tema de la corrupción no es un tema ideológico, no hay una barrera ideológica que divida entre fuerzas que no son corruptas y otras que sí lo son. Tengo que pedir perdón porque yo fui el que lo puso allí y por eso hay una responsabilidad política y tengo que asumirla”, dijo Petro posteriormente.
“La corrupción en Colombia es una cultura que atraviesa todo, está entre los más ricos, y también entre los más pobres, entre quienes más responsabilidades tienen y quienes no las tienen”, agregó el mandatario.
Funcionarios involucrados
Tanto López como Pinilla le aseguraron a la Fiscalía y a la prensa que del entramado de corrupción hicieron parte los expresidentes del Senado Iván Name, del partido Alianza Verde, y de la Cámara de Representantes Andrés Calle.
Según Pinilla, los dos políticos recibieron millonarias coimas para lograr la aprobación en el Congreso de las reformas sociales presentadas por el Gobierno, y además salpicó a varios ministros y otros funcionarios.
En este caso, de acuerdo con los exdirectivos, Sandra Ortiz, que fue consejera para las Regiones, habría sido quien se encargó de comprar a los parlamentarios con $5.342 millones.
Igualmente aparecen en las denuncias Carlos Ramón González, que el año pasado dirigía el Departamento Administrativo de Presidencia, desde donde supuestamente dio la orden para pagar las coimas a Name y Calle. También se mencionó al saliente ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien habría autorizado el desembolso del presupuesto de la Ungrd.
Por su parte, Sandra Ortiz, que fue imputada por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y lavado de activos, aseguró que desde el Gobierno la están responsabilizando de todas las irregularidades.
“(...) Para tapar, proteger o cubrir no sé a quién o a quiénes. Esto va más allá. Yo soy frentera, este es el primer medio al que le digo esto. Reitero, estoy tranquila, tengo las pruebas, si se actúa en justicia y en derecho, todo saldrá bien. Mi abogado tiene todas las pruebas y evidencias, entre ellas la de un montaje que me hicieron en Presidencia para que me imputaran con medida de aseguramiento”, concluyó.
Ricardo Bonilla, ex ministro de Hacienda, otro de los salpicados en el escándalo
Bonilla dio la orden
El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, presentó este miércoles su renuncia irrevocable después de que el propio presidente se la pidiera. La continuidad del funcionario era insostenible tras las declaraciones de María Benavides, su exasesora, quien aseguró que su entonces jefe conocía de las dádivas a los congresistas. “El me usó, él usó el hecho de ser el ministro, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar”, aseguró.
Llamado a Petro
La Corte Suprema de Justicia llamó al presidente Gustavo Petro a que dé una declaración por escrito como parte del proceso que sigue el máximo tribunal contra seis parlamentarios involucrados en el escándalo de corrupción de la Ungrd. La petición la hizo el magistrado Misael Rodríguez, quien ha indagado la actuación de los congresistas que hacen parte de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
