Este miércoles se reanudó la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra la ex consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, por el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.
En la diligencia, la Procuraduría respaldó la solicitud de la Fiscalía y pidió también cárcel para la exfuncionaria petrista.
Para el ente de control disciplinario, Ortiz habría jugado un papel clave en la malversación de fondos públicos destinados a la población indígena de La Guajira.
“Acciones como estas no solo comprometen a las personas involucradas en los hechos, sino que comprometen también la legitimidad de las más altas instituciones del Estado, generando zozobra y desconfianza en la comunidad”, dijo el delegado del Ministerio Público.
Añadió en este sentido el funcionario que “los delitos más graves no son solo aquellos que causan horror por la violencia, sino también aquellos que generan desconfianza, desarraigo, pobreza y perpetúan los esquemas de violencia a los que nos hemos visto sometidos durante décadas”.
Por su parte, la defensa de Ortiz, encabezada por Oswaldo Medina, aseguró que la Fiscalía presionó a su cliente para que firmara un principio de oportunidad y aseguró que no atendió la difícil situación emocional en la que se encontraba la exfuncionaria.
“De haberse acreditado la difícil situación emocional y psiquiátrica que presentaba para esa fecha Sandra Ortiz, previa advertencia que sobre el particular el suscrito hizo, iniciaron las preguntas del grupo de fiscales: le indicaron que su vida estaba en peligro, que podría entrar en un programa de protección de testigos y que la podían sacar del país. Finalmente, se terminó ofreciendo un principio de oportunidad, pero sin conocer sobre cuáles delitos de manera específica”, aseveró el apoderado.
“Esta situación llamó la atención de la gente del Ministerio Público, no del que intervino hoy, sino del doctor Mario Gómez, que está acá presente, quien inmediatamente se paró. Y, en protección de las garantías de Sandra Ortiz, llamó la atención, igual que el suscrito, ya que tal planteamiento no solo vulneraba las garantías procesales de mi defendida, entre ellas la no autoincriminación, sino que también desbordaba el marco fáctico de los hechos objeto de indagación”, añadió.
La semana pasada el ente acusador le imputó a la exconsejera los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, y pidió medida de aseguramiento en centro carcelario.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, ante el Juzgado 3 de Control de Garantías de Bogotá, presentó varias pruebas que vincularían supuestamente a la exfuncionaria con el entramado de corrupción en la Ungrd y con su presunta participación en la entrega de $3 mil millones al entonces presidente del Senado, su copartidario Iván Name, de la Alianza Verde.
