Esta semana el gobierno del presidente Gustavo Petro sufrió quizá la más dura derrota en el Congreso: las Comisiones Económicas Conjuntas archivaron la que el Ejecutivo llamó ley de financiamiento y la oposición e independientes reforma tributaria para recaudar $9,8 billones que le hacen falta al Presupuesto 2025 para cumplir con la hoja de ruta trazada por la Casa de Nariño en materia de gasto social.
Los congresistas que se opusieron argumentaron que los ciudadanos y las empresas no aguantan más impuestos; el Gobierno afirma que solo se gravaba a los grandes capitales y las empresas más poderosas, sobre todo del sector de hidrocarburos.
El proyecto, que arrancó con una meta de $12 billones, luego bajó a $11,5 billones y finalmente quedó en $9,8 billones, se presentó con una semana de retraso en medio del huracán que produjo otra oleada más del escándalo de corrupción de la Ungrd, que precipitó la renuncia del ex ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la llegada a la jefatura de la cartera del entonces viceministro Diego Guevara.
Entre las medidas de reactivación económica, la ley de financiamiento planteaba una reducción progresiva y gradual de la tarifa de renta corporativa del 35% actual al 27,3%, beneficiando especialmente a 563.705 empresas pequeñas y medianas. También planteaba estímulos al turismo al excluir el IVA a servicios hoteleros y turísticos en municipios con menos de 200 mil habitantes. Y en transición energética planteó estímulos a proyectos de generación con fuentes no convencionales de energía, sistemas fotovoltaicos y comunidades energéticas.
Y los mecanismos fiscales y de cambio climático de la reforma tributaria eran aumentar el impuesto al sector extractivo para un recaudo adicional de $1,3 billones anuales, reducía el umbral del impuesto al patrimonio, y que la DIAN gravara los activos fijos reales no productivos.
Los senadores Miguel Uribe, Antonio Zabaraín, Juan Pablo Gallo y Mauricio Gómez, de distintos partidos, presentaron la ponencia de archivo que finalmente fue acogida por las cuatro células legislativas económicas.
Uribe, del Centro Democrático, manifestó: “Esta decisión es un gran triunfo para los hogares colombianos, que no pueden seguir asumiendo el costo de la irresponsabilidad fiscal del Gobierno”.
Gómez Amín, liberal, declaró que “nuestra prioridad es cuidarle el bolsillo a los colombianos, este era un momento inoportuno para meterle nuevamente la mano al bolsillo a las familias de Colombia, por eso las cuatro comisiones han tomado la decisión de archivar la reforma”.
Recortar gastos
El analista político Jorge Iván Cuervo dijo en diálogo con EL HERALDO que “el Gobierno sigue sin aprender la lección de que el que mucho abarca poco aprieta, y al Gobierno ya se le han caído iniciativas por tratar de ponerlo todo en la agenda, creo que debió haber privilegiado algunas de esas reformas en función de la que tenía más consenso o la que era más estratégica, la más afín a sus principios”.
En la ley de financiamiento, agregó, hizo mucho ruido el caso de la Ungrd, porque estaba involucrado el ministro de Hacienda, que finalmente renunció, y eso mina la confianza de los congresistas, porque el ministro de Hacienda es fundamental para promover este tipo de leyes, porque tiene la credibilidad, la capacidad de convencer a los congresistas de la necesidad de esta desde el punto de vista técnico, eso debilitó la interlocución del Gobierno.
“Y estamos en un escenario en que la oposición aprovecha cualquier debilidad del Gobierno en este sentido, y Cambio Radical la presenta como un triunfo, y también Miguel Uribe y otros sectores, porque esa es la dinámica democrática: el Ejecutivo propone y el Congreso aprueba o no, pero si el Gobierno no es claro en las estrategias, la oposición no es altruista. La caída de la reforma es una señal de que sigue sin estar clara una relación del Ejecutivo con el Legislativo en términos de gobernabilidad”, expuso el experto.
En cuanto al impacto económico, comentó que el Gobierno necesitaba $12 billones como consecuencia del fallo de la Corte sobre las regalías (que dejó sin $6 billones al Presupuesto), porque no se cumplieron las expectativas de recaudo debido a el gobierno no fue claro en las cuentas y había un desfase de $4 billones.
“El primer impacto que uno ve es que el Gobierno va a tener que recortar gasto público el próximo año y uno ve al director de Planeación y otros diciendo ‘miren, no vamos a poder cumplir con estos compromisos, no vamos a poder pagar en la Costa las facturas de A-ire, los desembolsos al Metro de Bogotá, no vamos a poder trasladar recursos a los departamentos para pagar el PAE’, el Gobierno dice ‘miren el daño que hicieron’. Y seguramente va a haber recortes en esos programas sociales, y eso puede tener un impacto sobre la economía”, puntualizó Cuervo.
Más recursos al fisco
El decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda, Alberto Schlesinger, aseveró la ley de financiamiento tenía una muerte anunciada.
“El manejo del Gobierno en temas económicos ha sido totalmente errático y eso ha producido los efectos que estamos viendo, desde el punto de vista del Presupuesto tenemos varios factores: por un lado el manejo de los recaudos no han sido los mejores y estos han caído sustancialmente, y también por el hecho de que la economía está entrando en una fase recesiva e inmediatamente se afectan los recaudos, también lo que ha demostrado el Gobierno en su capacidad de ejecución presupuestal, estamos viendo cómo en promedio ha sido la más baja en muchos años”.
Si el Congreso no aprobó la reforma tributaria, añadió el economista, es porque no era conveniente, y todo eso, sostuvo, “nos lleva a que no tenemos un Presupuesto aprobado, un déficit creciente y muy grande generado por baja ejecución, corrupción, mal manejo del recaudo, y la pregunta es ¿qué le queda al Gobierno?”.
“Habrá una de esas facultades que se rebuscan para poder empezar a decretar aquí y allá presupuestos o partidas que les permitan superar los grandes déficits, pero si se hubieran aprobado nuevos recursos, ante la incapacidad de manejo demostrada, ¿de qué estamos hablando? Es que el problema está es ahí, no en salir a la coyuntura a decir que ‘no nos aprobaron el Presupuesto, no nos cumplieron, esta es una catástrofe’, pero no, la catástrofe es generada por estos elementos”, cuestionó.
Además, indicó, Colombia en este momento está enfrentando “un proceso de inestabilidad muy grande porque en un país que no se logra aprobar el Presupuesto lo que genera eso es incertidumbre hacia adentro y hacia afuera, inversionistas y aparato económico nacional e internacional que tienen una lectura de un país en que se roban todo lo que se puede, que no son capaces de administrarlo, de ejecutar y están teniendo unos problemas de déficit y que tampoco les están funcionando las propuestas para tapar el déficit”.
Y sentenció Schlesinger que lo que el Ejecutivo necesita es más recursos, “que ingrese más plata al fisco, y esperemos a ver hasta dónde le alcanza las facultades para poder decretar nuevos impuestos y generar nuevos ingresos en una economía que está postrada y una gente que ya no resiste más y no tiene como pagar más impuestos”.
