BOGOTÁ. El Juzgado 3 de Control de Garantías de Bogotá decidirá este miércoles si envía o no a la cárcel a la ex consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias, en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.
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En la diligencia de la semana pasada, la Procuraduría respaldó la solicitud de la Fiscalía y pidió también cárcel para la exfuncionaria petrista.
Para el ente de control disciplinario, Ortiz habría jugado un papel clave en la malversación de fondos públicos destinados a la población indígena de La Guajira.
“Acciones como estas no solo comprometen a las personas involucradas en los hechos, sino que comprometen también la legitimidad de las más altas instituciones del Estado, generando zozobra y desconfianza en la comunidad”, dijo el delegado del Ministerio Público.
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Añadió en este sentido el funcionario que “los delitos más graves no son solo aquellos que causan horror por la violencia, sino también aquellos que generan desconfianza, desarraigo, pobreza y perpetúan los esquemas de violencia a los que nos hemos visto sometidos durante décadas”.
Por su parte, la defensa de Ortiz, encabezada por Oswaldo Medina, aseguró que la Fiscalía presionó a su cliente para que firmara un principio de oportunidad y aseguró que no atendió la difícil situación emocional en la que se encontraba la exfuncionaria.
“De haberse acreditado la difícil situación emocional y psiquiátrica que presentaba para esa fecha Sandra Ortiz, previa advertencia que sobre el particular el suscrito hizo, iniciaron las preguntas del grupo de fiscales: le indicaron que su vida estaba en peligro, que podría entrar en un programa de protección de testigos y que la podían sacar del país. Finalmente, se terminó ofreciendo un principio de oportunidad, pero sin conocer sobre cuáles delitos de manera específica”, aseveró el apoderado.
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“Esta situación llamó la atención de la gente del Ministerio Público, no del que intervino hoy, sino del doctor Mario Gómez, que está acá presente, quien inmediatamente se paró. Y, en protección de las garantías de Sandra Ortiz, llamó la atención, igual que el suscrito, ya que tal planteamiento no solo vulneraba las garantías procesales de mi defendida, entre ellas la no autoincriminación, sino que también desbordaba el marco fáctico de los hechos objeto de indagación”, añadió.
La Fiscalía pidió una semana antes que la ex consejera presidencial para las regiones, Sandra Ortiz, tenga medida de aseguramiento en centro carcelario.
La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño, ante el Juzgado 3 de Control de Garantías de Bogotá, presentó varias pruebas que vincularían a la exfuncionaria con el entramado de corrupción en la entidad y con su presunta participación en la entrega de $3 mil millones al entonces presidente del Senado, su copartidaria Iván Name, de la Alianza Verde.
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“La Fiscalía concurre a esta segunda audiencia preliminar concentrada con el propósito de solicitarle a la jurisdicción la imposición de medida cautelar de detención preventiva privativa de la libertad en establecimiento de reclusión contra la imputada Sandra Liliana Ortiz Nova”, le dijo la fiscal del caso a la juez.
La exfuncionaria habría recibido, transportado y entregado al ex presidente del Congreso de la República, $3 mil millones que tendrían origen ilícito. Los recursos corresponderían al pago de coimas por el direccionamiento de un contrato en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que tenía por objeto la compra de 40 carrotanques para llevar agua potable a las comunidades de La Guajira, indicó la delegada.
De acuerdo con las diferentes actividades investigativas orientadas por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, la tarde del 12 de septiembre de 2023, en un apartamento del centro de Bogotá, la entonces consejera para las regiones, al parecer, recibió de los exdirectivos de la Ungrd, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Pinilla Álvarez, una maleta con $1.500 millones en efectivo, que posteriormente llevó en un vehículo oficial al norte de la ciudad para entregársela al mencionado congresista.
“Al día siguiente, en horas de la noche, en el mismo inmueble, Pinilla Álvarez presuntamente le volvió a entregar la maleta a la exfuncionaria con otros $1.500 millones, que también fueron movilizados hasta el punto indicado por el senador Name Vásquez.
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Frente a su presunta participación, el ente acusador señaló: “En Bogotá, en septiembre de 2023, Carlos Ramón González, director del Dapre e integrante del mismo partido de Sandra Ortiz, esto es, Alianza Verde, le ordenó a Olmedo López entregar contratos por $60 mil millones a favor del también copartidario suyo Iván Name (entonces presidente del Senado), por un valor superior a los $10 mil millones también para el presidente de la Cámara, Andrés Calle, asuntos que debería atender con Sandra Ortiz”.
En ese sentido advirtió que “debido a la premura con que los congresistas mencionados exigían los recursos, durante septiembre González y López variaron la oferta ofrecido a Name a una suma en efectivo de $3 mil millones, y a Calle de $1.000 millones, dinero que sería obtenido de la contratación de la Ungrd, que Olmedo López entregaría”.
Por todo esto, la Fiscalía pidió “delimitar el marco jurídico de la petición, requisitos formales, cumplimiento de fines constitucionales, examen de suficiencia de la medida para la detención preventiva y el juicio de proporcionalidad”.
De aceptarse la solicitud de la Fiscalía, Sandra Ortiz se convertiría en la primera salpicada en el caso de corrupción que esté en un centro carcelario. Como se sabe, López y Pinilla firmaron un preacuerdo con el ente acusador.
Ortiz, quien no aceptó los cargos, dijo hace un par de semanas en la W Radio: “Me declararé inocente. Toda mi vida he sido una mujer correcta, nunca he estado envuelta en un escándalo”, y agregó que “aquí hay un complot y lo voy a demostrar, tengo las pruebas. Hay gente en Presidencia que, por tapar otros escándalos, arman otros más grandes y no les importa sino ellos, no les importa el presidente ni el Gobierno”.
“Olmedo es un ex M-19, una persona que tenía en su cabeza, no ser senador, era ser presidente de este país, me lo dijo muchísimas veces. Él me habló que tenía 80 o 90 candidatos para alcaldías en las elecciones de octubre, estaba armando un equipo político, pensando en sus intereses personales. Abusó de la confianza del presidente”, aseveró la exfuncionaria.
Durante la audiencia del pasado 7 de agosto, en el marco de la solicitud de medida de aseguramiento en guarnición militar contra el ex director de la Ungrd, el exsubdirector y el contratista Luis López, conocido como El Pastuso, la Fiscalía reveló audios y chats en los que al parecer resultan implicados altos funcionarios y ex funcionarios del Gobierno, como el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla; el saliente director de la DNI, Carlos Ramón González; la ex consejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz y el director de Función Pública, César Manrique, en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de desastres, Ungrd.
La fiscal Patiño reveló ante el juez el contenido del interrogatorio realizado a Olmedo López entre el 5 y el 14 de junio pasados.
López describe una reunión sostenida entre el 18 y 21 de septiembre de 2023 en el Palacio de Nariño (se omiten los cuestionamientos de la Fiscalía): “Las convocatorias del doctor Carlos Ramón González siempre eran en la anterior, nos vemos tal día, usaba poco el teléfono, era la voz a voz, y se aprovechaban de la agenda los tiempos de los consejos de ministros porque llegábamos dos horas antes”.
Posteriormente, narra en el supuesto encuentro con el saliente director de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, y antes director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre: “Estábamos él y yo solos en la reunión en su despacho en la Casa de Nariño. Allí me dan la orden, de que era necesario cumplir (…), el tema estaba tenso con el Congreso, el presidente del Senado no caminaba, el doctor Iván Name, que él había llegado a acuerdos con ellos, el presidente del Senado y la Cámara”.
Luego habla de un presunto encuentro con la ex consejera presidencial para las Regiones: “Me aborda la doctora Sandra y le dije que ya había hablado con el doctor Carlos Ramón”.
Y en la audiencia previa de imputación, el ente acusador indicó que “Olmedo tenía conocimiento de todos los procesos contractuales, dirigió con Sneyder la operación para conseguir dinero de la contratación de la entidad con destino a congresistas, lideró la operación para dirigir contratos de la entidad para que fueran adjudicados a determinados contratistas delegados con congresistas o funcionarios; delegó en Sneyder y Pedro Rodríguez la consecución de contratistas a cambio de las coimas; coordinó la entrega de $3 mil millones en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, a través de Sandra Ortiz, para la época consejera para las Regiones de la Presidencia, y la entrega de $1.000 millones directamente al presidente de la Cámara, Andrés Calle, conforme a las instrucciones de Carlos Ramón González, director entonces del Dapre”.
Al imputar a Pinilla, la Fiscalía aseguró que este “invitó a cotizar y coordinó hasta el desembolso del pago de la Fiduprevisora, suscribió documentos públicos que no correspondían a la realidad, para que se girara el dinero sin que se hubiese cumplido el objeto contractual”.
De igual modo, expuso, “coordinó la entrega de $3 mil millones a través de Sandra Ortiz en su apartamento en Suites Tequendama y mil millones en efectivo entregados por usted (Pinilla) en Montería, Córdoba, a Andrés Calle”. Esto, dijo, “de acuerdo a las instrucciones de Carlos Ramón González a Olmedo”.
