Tras alcanzar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación, Emilio José Tapia Aldana fue condenado por un juez a seis años y cuatro meses de prisión por su participación en los casos de Centros Poblados y Emcali.
Tapia es señalado por “las irregularidades detectadas en el contrato que buscaba garantizar el servicio de internet a escuelas rurales en diferentes zonas del país, caso conocido como ‘Centros Poblados’; y en dos procesos contractuales que se siguieron en las Empresas Municipales de Cali (Emcali)”, detalla la Fiscalía.
El sentenciado, que se encuentra recluido en Barranquilla, aceptó en noviembre pasado de manera libre y voluntaria los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado.
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En medio de la audiencia ofreció excusas, se comprometió a colaborar con la justicia y a reintegrar 5.063 millones de pesos que fueron apropiados ilegalmente.
“Hasta el momento ha restituido 2.532 millones de pesos, a través de ocho títulos judiciales. El 50 % restante lo cubrirá con dos pagarés por 1.265 millones de pesos que deberá presentar en abril y octubre de 2025. Por ahora, el valor está soportado con un inmueble en el corregimiento San Cristóbal, en Medellín (Antioquia)”, indicó el ente acusador.
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Por efecto de la condena, Emilio Tapia continuará privado de la libertad en la Penitenciaría de El Bosque, en Barranquilla.
Caso Centros Poblados
Centros Poblados es el nombre del entramado de corrupción que estalló una vez se descubrió que Tapia, cabeza del escándalo, desvió los dineros destinados a un contrato que debía llevar internet a zonas de la periferia colombiana.
Esto se logró gracias a la utilización de documentación falsa y terminó salpicando a varios funcionarios del gobierno de Iván Duque.
El contrato, adjudicado por el Ministerio de las TIC, superaba el billón de pesos, sin embargo, este se suspendió una vez se supo que las empresas contratadas no contaban con las capacidades para ejecutar las obras.
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“En octubre de 2020, al enterarse de una licitación pública que abría el MinTic para un contrato de un billón de pesos, con el objeto de dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos de país, Emilio Tapia se concertó con distintas personas para comprar la experiencia de unas empresas y constituir la Unión Temporal Centros Poblados, y así participar en el proceso contractual”, explica la Fiscalía.
Terminó siendo beneficiado con la adjudicación del contrato sin tener las garantías bancarias.
“Posteriormente, gestionó y entregó tres pólizas bancarias falsas y así recibir un anticipo, del cual a Tapia Aldana le correspondieron 5.063 millones de pesos que destinó para la compra de obras de arte y vehículos, y diferentes gastos personales como préstamos y el pago de honorarios a abogados”, agrega el ente.
Caso Emcali
Meses después, en febrero de 2021, se creó un consorcio con empresas dominadas por Emilio Tapia con el propósito de quedarse con dos contratos ofertados por las Empresas Municipales de Cali (Emcali) para la construcción de las obras alternas en la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAR) de Puerto Mallarino, ubicada entre Buga y Loboguerrero (Valle del Cauca), por 3.798 millones y 2.414 millones, respectivamente.
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“En el proceso falsificó las pólizas que garantizaba el cupo de crédito por el 30 % de cada uno de los contratos. De esta manera, hizo incurrir en error a funcionarios de Emcali que emitieron avales administrativos para suscribir los citados contratos”, indica la Fiscalía.
