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El Gobierno Nacional expidió en la tarde de este jueves el decreto del Presupuesto General de la Nación para el año 2025 por valor de $523 billones, pese a que no cuenta con los $12 billones que esperaban obtener tras el hundimiento de la reforma tributaria.

Debido a lo anterior, el Ejecutivo anunció recortes en varios ministerios en la segunda semana de enero.

“La expedición del Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2025 a través de decreto con fuerza de ley no solo obedece a la obligación del Gobierno Nacional por la omisión del Congreso de la República, sino que, conforme el artículo 113 de la Constitución Política, es un deber del Gobierno colaborar armónicamente para la realización de los fines del Estado Social de Derecho, garantizando la ejecución de políticas públicas en aras del correcto funcionamiento del Estado y de proteger los sectores más vulnerables”, se lee en la exposición de motivos del decreto que debió expedir la Casa de Nariño ante la caída del proyecto del Presupuesto en el Congreso.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la expedición del decreto del presupuesto para 2025 y volvió a criticar al Congreso por haber negado la ley de financiamiento.

“He firmado el presupuesto desfinanciado en 12 billones de pesos tal como se presentó al Congreso de la República y tal como ordena la Constitución nacional”, escribió el mandatario.

A renglón seguido, manifestó que “en el decreto de liquidación se expresarán cuáles partidas de funcionamiento e inversión se aplazarán en el 2025, mientras se consigue la financiación necesaria que no fue posible por la acción oscura de los dueños de los juegos de suerte y azar ilegales dentro de las comisiones económicas del Congreso”.

No obstante, el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, advirtió que “el Presupuesto para el 2025 está desfinanciado en más de 35 billones de pesos, lo que incluyen los 12 billones de pesos de la reforma tributaria inconveniente que Gustavo Petro pretendía imponer”.

Es decir: “el recorte el próximo año tendrá que ser mucho más que los 12 billones que representaría la reforma tributaria. Por su parte, es Gustavo Petro y su gobierno el que sacó de la ponencia de gobierno de la reforma tributaria los impuestos de los juegos y azar. Es decir, es él el que tiene que explicar cuáles son los intereses que defiende y dejar de hacer acusaciones calumniosas, pues es este gobierno el que está untado de corrupción, despilfarro y derroche”.

Esto luego de la más dura derrota del Ejecutivo en el Congreso: las Comisiones Económicas Conjuntas archivaron la que el Gobierno llamó ley de financiamiento y la oposición e independientes reforma tributaria para cumplir con la hoja de ruta trazada por la Casa de Nariño en materia de gasto social.

Los congresistas que se opusieron argumentaron que los ciudadanos y las empresas no aguantan más impuestos; el Gobierno afirma que solo se gravaba a los grandes capitales y las empresas más poderosas, sobre todo del sector de hidrocarburos.

El proyecto, que arrancó con una meta de $12 billones, luego bajó a $11,5 billones y finalmente quedó en $9,8 billones, se presentó con una semana de retraso en medio del huracán que produjo otra oleada más del escándalo de corrupción de la Ungrd, que precipitó la renuncia del ex ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la llegada a la jefatura de la cartera del entonces viceministro Diego Guevara.

Tras el archivo de la ley de financiamiento en su primer debate, Petro anunció cambios en las esferas tributarias, compensar con el salario mínimo, priorizar el crédito a la economía popular y que las organizaciones populares sean las grandes contratistas con el Estado, cambiar la fórmula tarifaria de la energía duplicar el impulso del turismo y un remezón en el gabinete.

“Después de ser calificados como la sexta economía mejor dirigida de la OCDE, la mayoría de la clase política tradicional de Colombia en las Comisiones Económicas decidieron darle un golpe profundo a la economía nacional y al pueblo. Casi los mismos que aprobaron ponerle el impuesto a la sopa de Carrasquilla, decidieron no bajarle los impuestos a todas las empresas de Colombia y a la clase media, para proteger los grandes pulpos, unas multinacionales de combustibles fósiles y a los empresarios oscuros de los juegos de suerte y azar en línea”, dijo.

Agregó el jefe de Estado en este sentido que los legisladores “decidieron tratar de desfinanciar el Gobierno, buscando volver al poder en el 2026, otra vez con su impuesto a la sopa y a la comida en general y con los bonos del agua con los que dejaron morir miles de niños de desnutrición. Las consecuencias y la reacción del Gobierno serán complejas”.

Afirmó que la pasada reforma tributaria que le aprobó el Congreso en 2022 “ha sido descuartizada. Le quitaron precisamente la progresividad que ordena la constitución al quitar $6 billones anuales en impuestos que debían pagar petroleras y carboneras y estimularon así la economía fósil que representa el mayor peligro a la existencia en todo el planeta por la crisis climática drástica que provoca y que se expande como el gran cáncer del mundo”.

Y anunció al respecto: “Como dije antes: la crisis presupuestal no la pagará el pueblo. El recorte no se hará de manera alguna sobre los programas centrales del gobierno del cambio. Quienes pensaban desfinanciar los programas centrales de la justicia social, que ya ha sacado millones de personas de la pobreza y el hambre, fracasaron. Haré cambios en las esferas tributarias del país. La lucha contra la elusión tributaria, comenzando por los juegos de suerte y azar en línea y el contrabando, deben ser la prioridad central”.

Y agrega: “El financiamiento de la deuda debe diversificarse en profundidad en todo el mundo. El recorte presupuestal hacia las regiones debe ser contrario a ampliar las brechas territoriales. La ausencia de una reforma laboral aprobada por el Congreso debe ser compensada por el salario mínimo. La política de crédito a la producción en el sector público debe priorizar sustancialmente el crédito asociativo a la economía popular, como vector de la reactivación económica. Hay que comenzar la negociación de la transición de las grandes concesiones carboneras hacia su salida y su propia reconversión”.

Concluyó Petro: “El turismo internacional se ha convertido en un gran generador económico de la transición hacia la descarbonización. Hay que duplicar el impulso. Hay que expedir de emergencia la solución a miles de proyectos de energías limpias represados; el cambio de la fórmula debe hacerse en función de bajar sustancialmente las tarifas y sin trampas. Bajar a sus costos reales, las tarifas de energía eléctrica, es un gran reactivador económico. La organización popular debe pasar a ser la gran contratista del Estado bajo la forma del principio constitucional de la democracia participativa. El cuadro político de las fuerzas gubernamentales debe readecuarse de acuerdo al comportamiento de dichas fuerzas en la votación por la ley de financiamiento”.

A finales de septiembre pasado, luego de que la falta de ‘quorum’ obligara a que fueran levantadas las Comisiones Económicas Conjuntas, se hundió el proyecto del Presupuesto 2025, por lo que al Gobierno le tocó expedirlo por decreto.

Se trata de un hecho atípico en el país, del que no se tiene mucho registro en la historia del Congreso.

Durante el debate, que giró en torno al ‘mico’ de la reducción de recursos para la Registraduría y el CNE, que al final se solucionó al admitir el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, que fue un “error”, se hicieron varias propuestas de Presupuestos por montos menores al de $523 billones presentados por el Ejecutivo.

El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, invitó a sus compañeros a respaldar su ponencia alternativa, en cuya ponencia se exponía un monto de $488 billones, donde se buscaba disminuir el tamaño del estado.

Así mismo, la representante Olga Lucía Velásquez, de la Alianza Verde, propuso en una ponencia alternativa un presupuesto de $518 billones, enfocada en redistribuir los recursos entre entidades clave como el CNE, Ministerio de la Igualdad, Ministerio de Hacienda y la ANT.