BOGOTÁ. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, informó este viernes en un comunicado que un tribunal arbitral internacional en el caso Reficar acogió la objeción preliminar de Colombia y declaró inadmisibles la totalidad de los reclamos de las empresas estadounidenses demandantes y otorgó costas a favor del Estado.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, Ciadi, que atendió una de las disputas relacionadas con el proyecto de modernización y expansión de la Refinería de Cartagena, dijo que eran inadmisibles todos los reclamos de las empresas estadounidenses Amec Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants, Inc.
“El tribunal arbitral, integrado por el Sr. José Emilio Nunes Pinto (Presidente), el Sr. John Beechey y el Prof. Marcelo G. Kohen, además condenó a los demandantes al pago de la totalidad de las costas y gastos incurridos por Colombia en su defensa, incluyendo honorarios de abogados”, indicó la entidad estatal.
Recordó el boletín que las demandantes fueron contratistas encargadas de la gestión del proyecto de modernización y expansión de la Refinería de Cartagena, y debido a las demoras y sobrecostos presentados en el proyecto, la Contraloría inició un proceso de responsabilidad fiscal en contra de los demandantes y otros.
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No obstante, agrega, sin esperar la conclusión de ese proceso, las demandantes decidieron iniciar un arbitraje internacional alegando violaciones del acuerdo en cuestión entre Colombia y Estados Unidos.
“El tribunal determinó que la reclamación era inadmisible al haberse presentado prematuramente antes de que hubiera podido materializarse una violación del APC. Si bien la Contraloría posteriormente emitió un fallo con responsabilidad fiscal solidaria a título de culpa grave contra las demandantes y otros, la disponibilidad de recursos contra ese fallo ante la jurisdicción contencioso-administrativa significaba que aún no existía una medida definitiva que pudiera constituir una violación del Acuerdo o configurar una denegación de justicia bajo el derecho internacional”, señala la Andje.
Para la Agencia, esta victoria tiene una doble relevancia: no solo representa un resultado favorable para Colombia, sino que también valida la efectividad de los mecanismos de defensa previstos en el APC contra reclamaciones prematuras. Además, la decisión envía un mensaje claro sobre la importancia de permitir que las cortes nacionales ejerzan su jurisdicción frente a actos administrativos, reforzando la confianza en el sistema judicial colombiano.
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La defensa de Colombia fue llevada por el equipo de abogados de la Dirección de Defensa Jurídica Internacional de la Agencia y un equipo de la firma internacional Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP compuesto por los socios Claudia Frutos-Peterson, Elisa Botero y Fernando Tupa y los asociados María Paulina Santacruz Salazar, Sara Lucía Dangón y Juan Jorge.
