La reforma a la salud 2.0 del gobierno de Gustavo Petro continúa a paso lento –para sorpresa de todos– su trámite en la Cámara de Representantes, una corporación donde el oficialismo tiene mayorías suficientes para dar el empujón a la cuestionada iniciativa hacia el Senado de la República, donde ya naufragó este mismo año el articulado.
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El Gobierno, que no ha desfallecido en su intención de reformar el sistema de salud colombiano, no pudo aprobarla en extras y solo sacó adelante 23 de los 62 artículos en el segundo debate, que ha estado cargado de roces entre la minoritaria oposición y Jaime Raúl Salamanca, presidente de la corporación. Katherine Miranda, de Alianza Verde, fue expulsada en una de las sesiones por supuestamente insultar al líder de la mesa directiva.
Sin embargo, las mayores molestias y temores en el ambiente político están argumentadas en que el Gobierno, supuestamente, según la oposición, no tiene mayores intenciones de lograr consensos con la iniciativa y está empecinado en sacarla adelante a pesar de los reparos de los gremios médicos y científicos. Todo en medio de un tenebroso panorama del sector, que sigue arrojando números rojos en la prestación del servicio.
“Por fortuna para Colombia este gobierno no pudo aprobar la nefasta reforma a la salud en vísperas de Navidad. Los artículos más complejos quedan para febrero de 2025, momento en que vendremos con más fuerza a dar la pelea por los pacientes, los médicos y el país. El Gobierno mantiene la elección corrupta de gerentes en hospitales públicos, le mienten al talento humano en salud con una supuesta formalización laboral para la que no apropian un peso en el concepto fiscal y no se avanza un ápice en resolver los problemas de la salud en la ruralidad”, denunció Cathy Juvinao, de Alianza Verde.
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En este sentido, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, indicó que uno de los factores más criticables al Gobierno es la supuesta amenaza con acabar las EPS (algunas ya están intervenidas) en caso de que el proyecto de ley no obtenga luz verde.
“La obligación del ministerio es asegurar hoy la prestación del servicio de salud y buscar que haya mejoras hacia el futuro. No es correcto afirmar que los recursos que hoy se giran son suficientes para atender a los pacientes, tampoco es correcto firmar que el sistema ha mejorado en términos de atención, a pesar de las millonarias inversiones en publicidad que se están haciendo para tratar de generar otra impresión”, expresó el dirigente gremial.
Politiquería en las EPS
La representante Jennifer Pedraza, de Dignidad y Compromiso, manifestó su inconformismo con el actuar del Gobierno debido a la falta de claridad que ha mostrado con relación a los costos de sostenimiento del sistema.
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Debido a lo anterior, entuteló al Ministerio de Salud con el objetivo de conocer los valores sobre el aumento de la UPC para 2025.
“No es justo que, en la crisis del sistema de salud, no sepamos cuánto se pagará por cada afiliado el próximo año. Acabamos de entutelar al Ministerio de Salud porque, faltando menos de 15 días para que se acabe el año, no nos quiere responder acerca de lo que han debido discutir internamente sobre el aumento de la UPC para el año 2025, tampoco nos quiere compartir las actas de reuniones que debieron tener en estos meses”, criticó la congresista.
Además, de acuerdo con la parlamentaria, uno de los puntos más criticables de la iniciativa es que, según ella, las EPS, que pasarán a ser gestoras, recibirán hasta $6.5 billones por año, mientras que a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, que administrará completamente el sistema, quedará con menos recursos.
“Esta reforma es mucho peor que la anterior. Primero porque el Gobierno, con gotero, ha venido implementado esta reforma a la salud y ya hoy podemos decir que se han mostrado pésimos resultados; por ejemplo, lo que pasó con el modelo de los maestros, que a día de hoy sigue sin resolverse”, señaló.
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Renglón seguido, la representante acusó al Ejecutivo de realizar maniobras politiqueras en la reforma. En este sentido, se refirió a los escándalos que han surgido por la supuesta injerencia de Mario Andrés Urán, un lobista de la salud, señalado de re direccionar dineros de las EPS a paraísos fiscales.
“Eso pasó bajo la dirección de este ministerio y gracias a la implementación paulatina y progresiva de esta reforma y en gran parte de los acuerdos que proponen. Así que hoy ya podemos hacer un balance de que son altísimos los riesgos de implementar una reforma pegada como un Frankenstein” reprochó.
Por su parte, Miguel Uribe Turbay, del Centro Democrático, denunció que desde que Gustavo Petro llegó a la Presidencia el sistema ha empeorado debido a los giros insuficientes de la UPC y la demora en los pagos de los presupuestos mínimos.
" Desde el 2022 hasta el 2024 el déficit acumulado en presupuestos máximos es de 4,6 billones de pesos. A esto debemos sumarle la escasez de medicamentos. Para septiembre del 2024, de los 207 medicamentos listados 9 estaban en riesgo de desabastecimiento y 13 ya estaban desabastecidos. Petro se ha encargado de generar una crisis en el sistema de salud para desprestigiar a las EPS”, condenó el opositor.
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El legislador reconoce que el actual sistema está sujeto de mejoras, pero considera que la postura de Petro es negar los avances del sector en los últimos 30 años.
“Nuestro sistema ha evidenciado ser eficiente en cuanto a cobertura y es uno de los mejores de la OCDE. Existen puntos para mejorar en cuanto a infraestructura, talento humano y financiación. Sin embargo, esta reforma plantea destruir todo en vez de construir sobre lo que ya tenemos”, apuntó.
Un 2025 gris
El Gobierno nacional expidió en la tarde del pasado jueves el decreto del Presupuesto General de la Nación para el año 2025 por valor de $523 billones, pese a que no cuenta con los $12 billones que esperaban obtener tras el hundimiento de la reforma tributaria.
Debido a lo anterior, el Ejecutivo anunció recortes en varios ministerios en la segunda semana de enero, siendo la de Salud una de las afectadas.
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“El sector salud enfrenta un panorama crítico para 2025, con un déficit de $10 billones para el aseguramiento y sin recursos claros para la atención primaria, a pesar de las promesas del Gobierno. Ahora que el presupuesto está definido, ¿se producirán traslados que comprometan la protección financiera de los colombianos?”, cuestionó la senadora Norma Hurtado, del partido de la U, una de las líderes del colapso de la iniciativa en la Comisión Séptima.
De acuerdo con la legisladora, el sistema se desmorona y el ministro Guillermo Jaramillo “insiste en ignorar el rumbo”.
“Su terquedad no le permite reconocer que los supuestos aumentos, apenas por encima de la inflación, quedan desfasados en sus cálculos. ¿Dónde quedan las inclusiones, la frecuencia y la severidad?”, concluyó la senadora Hurtado.
Minsalud asegura que la reforma sí se ha debatido
Guillermo Jaramillo, ministro de Salud, aseguró que la reforma sí ha sido concertada con todos los sectores involucrado en la iniciativa.
“No pueden decir que no se discutió, eso es falso, hemos venido discutiendo desde el año pasado, llevamos ya casi dos años”, aseguró.
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Por otro lado, el ministro manifestó que la intención del Gobierno no es quebrar las entidades prestadoras de salud, EPS.
“Las tenemos en cuidados intensivos para poderlas recuperar, el planteamiento de la reforma dice que el Gobierno va ayudar con esas deudas y que vuelvan porque a nosotros no nos interesa que se acaben las EPS”, manifestó el jefe de la cartera.
