La reforma pensional fue el proyecto que logró hacer pasar en el Congreso este año el presidente Gustavo Petro, no sin varias polémicas encima de forma y de fondo, y que ahora está bajo la lupa de la Corte Constitucional.
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A finales de octubre pasado, el alto tribunal reportó que inició formalmente el estudio de al menos siete demandas, por diferentes cargos, contra la Ley 2381 de 2024. En realidad fueron un centenar las demandas que llegaron al Palacio de Justicia, pero la mayoría fueron rechazadas: algunas de las que pasaron fueron las del senador Miguel Uribe, del Centro Democrático –la más reciente–, y otra de su copartidaria Paloma Valencia; así como una más de Katherine Miranda, de la Alianza Verde; Christian Garcés, del CD, y Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical.
Uribe, con similares motivaciones que sus colegas, argumentó que al acoger la Cámara el texto aprobado por el Senado se aprobó un texto “desconocido por los representantes, de manera arbitraria, vulnerando así el principio de consecutividad” y que “la plenaria de la Cámara omitió su labor de debatir y votar los textos que le son propuestos”.
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A su vez, a comienzos de noviembre la procuradora Margarita Cabello Blanco solicitó a la Corte Constitucional declarar inexequible la totalidad de la reforma pensional al considerar que en la plenaria de la Cámara se eludió el debate al adoptarse, sin deliberación, el texto previamente aprobado por el Senado.
La jefa del Ministerio Público, en un concepto enviado al alto tribunal, advirtió que en la sesión del 14 de junio pasado, ante una proposición presentada de manera repentina por la bancada de Gobierno, la plenaria de la Cámara suspendió la discusión detallada que venía adelantando y aprobó apresuradamente la propuesta de acoger el texto del Senado adoptado en segundo debate.
“Aunque se habían introducido más de 60 modificaciones respecto al texto original del Senado y existían más de 500 propuestas de ajuste presentadas por las distintas bancadas, la mesa directiva de la Cámara dispuso que los congresistas votaran la reforma en bloque, sin la posibilidad de debatir individualmente cada uno de los 95 artículos. Este proceder cercenó la posibilidad de sus miembros de discutir sobre el contenido de los 95 artículos de la iniciativa”, indicó.
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Estos serían los reparos de forma y sobre los que ahora la corte guardiana de la Constitución deberá decidir, se espera, como ha sido constante en el alto tribunal, con independencia, pues aunque hay una mayoría de tendencia liberal en la corporación, los fallos de la Corte Constitucional nunca han tenido un color político ni durante este gobierno ni durante los anteriores.
Entre tanto, Corficolombiana, a finales de octubre, hizo quizá los cuestionamientos de fondo más recientes a la pensional: “La reforma pensional aumenta el pasivo pensional y deteriora la sostenibilidad fiscal del país, reduce el ahorro interno, lo cual aumenta la vulnerabilidad externa y debilita los mercados de capitales de deuda privada y de renta variable”.
Añadió en este sentido la entidad financiera que “el aumento del costo fiscal de la reforma pensional no se respalda en un aumento sustancial de la cobertura pensional; en un escenario sin reforma se espera que haya 2,5 millones de pensionados en el año 2050, mientras que con la reforma el total de pensionados ascendería a 2,8 millones de personas en el mismo periodo”.
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Y concluyó que la entrada en vigor de la norma a partir del 1º de julio de 2025 “da muy poco tiempo para implementar adecuadamente los cambios que introduce la norma”.
De otro lado, Petro, al sancionar la ley a mediados de julio en medio de un acto público en la Plaza de Bolívar de Bogotá, aseveró: “Hoy aquí estamos entregando ciudadanía a la tercera edad, volviéndola sujeto político, con el poder de decidir las cosas en Colombia: ese es el poder constituyente”.
A mediados de junio la plenaria de la Cámara aprobó en último debate, por 88 votos a 23, la polémica reforma pensional, señalada de haber sido ‘pupitreada’.
Entonces, la coordinadora ponente, Martha Alfonso, de la Alianza Verde, justificó la acogida del texto de Senado: “Era decidir por esta proposición o que se hundiera la reforma. Dilaciones tremendas: 150 impedimentos discutimos, tres jornadas y 16 horas que se hubieran podido dedicar al debate, 100 recusaciones para que no avanzara el debate, 800 proposiciones, la ruptura de quorum dos veces, una semana sin discusión para una audiencia pública, un presidente del Congreso enemigo de este gobierno y que nos tenía contra la pared porque si votábamos un texto distinto había conciliación y le poníamos en sus manos la posibilidad de que no agendara esta reforma, y quienes vinimos aquí a defender al pueblo colombiano teníamos que poner por encima las necesidades de la gente”.
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El Ministerio de Hacienda, semanas antes, le había dado un dilatado aval fiscal a la reforma, indicando que el costo total de este proyecto sería de 121,13 % del PIB a 2100. Y sin la reforma el costo sería del 87,67 % del PIB. Es decir, con la reforma habría un gasto de $1.816 billones y sin reforma uno de $1.315 billones. En suma, un diferencial de $500 billones, ya que la reforma pensional tendría un impacto fiscal de 33,46 % del PIB.
El Senado había aprobado el articulado a finales de abril y este texto sería a la postre el documento final avalado por el Congreso en una controvertida jugada del oficialismo.
El principal cambio que plantea la ley es que se construiría un único Sistema Integral de Protección a la Vejez, cuyo administrador sería Colpensiones, en el que, según el Gobierno, en el primer año se pasaría de una cobertura del 24 % al 53 % (4,6 millones de personas), y al 2052 una cobertura del 87 % (13 millones).
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Azules suspendidos
En noviembre el Partido Conservador suspendió temporalmente con la “pérdida de voz y voto dentro de la Cámara y separación de toda actividad del partido, por un término de 90 días prorrogables hasta por 90 días más” a siete parlamentarios de dicha colectividad “por haber apoyado la proposición de acoger el texto como viene del Senado y por votar positivamente el título y pregunta de la reforma pensional”.
