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El Consejo de Estado resolvió el pasado 6 de diciembre declarar civil, administrativa y patrimonialmente responsables a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, al municipio de Fundación y al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación por los perjuicios causados con ocasión de la conflagración de la buseta de placas UV8-556, el 18 de mayo de 2014, que cobró la vida de 33 niños y un adulto.

La alta corte revisó los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y por la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia contra la sentencia del 12 de mayo de 2021, dictada por el Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda presentada por las víctimas.

En criterio de los actores, le asiste responsabilidad patrimonial al extremo pasivo, por cuanto se incurrió en un “cúmulo de omisiones”, consistentes, básicamente, en no ejercer algún tipo de control de la buseta dispuesta para transportar a más de 60 niños que cumplían una actividad religiosa en el municipio de Fundación, y en relación con su conductor, lo que conllevó a que el 18 de mayo de 2014 se “incendiara el vehículo” y fallecieran la mayoría de sus ocupantes y los restantes sufrieran graves lesiones.

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El Consejo de Estado condenó por ello a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, al municipio de Fundación y al Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación a pagar a favor de los integrantes del grupo las indemnizaciones colectivas e individuales correspondientes.

La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia asumirá el 80% de la condena total, esto es, el equivalente a 14.320 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

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El municipio de Fundación asumirá el 10% de la condena total, esto es, el equivalente a 1.790 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

Y el Instituto de Tránsito y Transporte de Fundación asumirá el 10% de la condena total, esto es, el equivalente a 1.790 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria de la sentencia.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Cerca al medio día del domingo 18 de mayo de 2014, la tranquilidad que reinaba en Fundación se alteró luego de que la buseta de servicio especial de placas UV8-556 se incendiara.

La comunidad se estremeció cuando autoridades informaron que el vehículo particular transportaba a 60 niños y un adulto, quienes regresaban a sus casas después de un domingo evangelizador en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.

Ya han pasado 10 años y aún los familiares y la comunidad en general recuerdan el hecho con gran dolor, pidiendo justicia. A pesar de que se han tomado decisiones judiciales frente a esta tragedia, cada 18 de mayo la tristeza ronda por ese municipio.

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De acuerdo al Consejo de Estado “siendo las 11:45 a.m. en la vía que de Fundación conduce a Bosconia, Cesar, el vehículo dejó de funcionar y el conductor manipuló gasolina dentro del mismo, sin la precaución de ordenar el descenso de sus ocupantes. Pasados unos minutos, se produjo un incendio en la parte delantera de la buseta, lo que provocó que los niños se aglomeraran en la parte posterior, pero las llamas les impidieron salir, quedando 33 niños y 1 adulto muertos y los demás lesionados”, se lee en el documento.

Para la fecha del siniestro, el vehículo contaba con 20 años de servicio, la licencia de tránsito estaba cancelada, no reportaba revisión técnico mecánica para transporte público y el seguro obligatorio de accidentes de tránsito estaba vencido.

Asimismo, la demanda especifica que el conductor estaba desvinculado laboralmente de la empresa de transporte Coonortin de Barranquilla, y no tenía tarjeta de conducción vigente.