El Gobierno de Gustavo Petro, a través de la Unidad Nacional de Protección, UNP, presentó ante la Cidh un balance de la situación de seguridad y garantía de medidas cautelares a líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos en el territorio.
De acuerdo con cifras entregadas por la UNP, a corte de 2024, se han tramitado 7,158 órdenes de trabajo para evaluar los niveles de riesgo individual, beneficiando a 2,262 mujeres y 4,923 hombres.
Además, se realizaron 190 estudios colectivos, que incluyen a 18 organizaciones defensoras de derechos humanos y tres organizaciones sociales.
“Este programa integral de prevención está íntimamente ligado con los alcances del programa Paz Total que desarrolla el Gobierno Nacional con los distintos grupos armados ilegales dentro del territorio colombiano, y que busca disminuir los niveles de riesgo de estos grupos poblacionales en el territorio”, explicó el fefe de la oficina asesora jurídica de la entidad, Daniel Augusto El Saieh.
“Si bien es difícil garantizar la vida en su totalidad, el Estado continúa trabajando para mejorar sus mecanismos de protección, atendiendo a las inconformidades planteadas por las organizaciones y fortaleciendo su compromiso con la seguridad de quienes defienden los derechos humanos en Colombia”, agregó.
Estas medidas incluyen también enfoques diferenciales y étnicos, como la entrega de carpas, bastones de mando y chalecos distintivos, en reconocimiento de las necesidades específicas de comunidades indígenas y afrodescendientes.
