En sus primeros minutos luego de ascender al poder, el presidente Gustavo Petro, un hombre de ideas de izquierda, le aseguró a una repleta Plaza de Bolívar que la espiral de violencia que ha dejado el conflicto armado en el país tenía que terminar.
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Sus declaraciones fueron más que aplaudidas y vitoreadas. Ninguna orilla se atrevió a criticar esa parte de la intervención porque, entre otras cosas, un país herido y desgastado por las armas hace rato pedía a gritos un cambio en las políticas de seguridad.
“Que la paz sea posible. Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado. Cumpliremos el Acuerdo de Paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad”, manifestó convencido el mandatario.
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En aquellos días, el péndulo de la Paz Total, una iniciativa oficialista que busca la solución política de conflictividades armadas y el desescalamiento de las violencias, empezó a moverse con fuerza por todo el país. Se reiniciaron los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y se activaron conversaciones con el Estado Mayor Central, la mayor disidencia de las Farc en ese entonces.
Además, se levantaron órdenes de captura de integrantes de las cúpulas criminales del país y se dieron los primeros pasos para desactivar las bandas ilegales urbanas. La comunidad internacional aplaudió aquellos movimientos; sin embargo, dos años después, la iniciativa parece vivir su propio ocaso.
La cosa no ha salido nada bien. Los grupos criminales, que durante el Gobierno de Duque ya habían crecido exponencialmente (el ELN pasó de 2.800 a 5.000 integrantes; el Clan del Golfo, de 2.500 a 6.500, y el EMC, de 1.000 a 2.800), cada día consolidaron mucho más su control armado ilegal en los diferentes regiones del país, aprovechándose, en parte, de los ceses al fuego que en su momento el Gobierno otorgó.
Además, para colmo de males, la Paz Total se fragmentó con las rencillas entre los mismos integrantes de organizaciones como el ELN, el EMC y la Segunda Marquetalia. Hubo divisiones y guerra. Y ahora son disidencias de las disidencias.
“El Gobierno tenía la hipótesis de que a partir de sentar a todos los grupos en mesas de negociación, bajaba la violencia. Pero eso no ocurrió porque para muchos de estos grupos la violencia es el fin y no el medio (…) ellos viven del ejercicio violento del control territorial”, considera la subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Laura Bonilla.
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De acuerdo con la experta, las actuales negociaciones “probablemente no concluyan en nada”.
“En la medida que estos grupos más pequeños son más territoriales, empiezan a separarse de los mandos y a decir: ‘yo sí quiero una negociación más rápida porque a mí sí me conviene salir de esto”, explicó.
Por su parte, José Felix Lafaurie, presidente de Fedegán y miembro negociador del Gobierno en la mesa con el ELN, criticó duramente en las últimas semanas los pocos avances que ha tenido la iniciativa de Paz Total.
“El país está agobiado por la violencia y, también, por la desesperanza frente a una paz ‘estable y duradera’ que resultó un engaño. Esa paz hoy se promete total y de la cual seguimos lejos”, lamentó el dirigente gremial.
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En este sentido, Lafaurie considera que es necesario retomar antiguas políticas de seguridad implementadas en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
“Si hay algo que los colombianos anhelamos es la paz, Colombia merece tener algún día unos escenarios como los que se vivieron durante la política del expresidente Uribe, de seguridad democrática, garantizando la seguridad para todo el mundo, al pobre, rico, campesino y la ciudad”, señaló.
A su turno, la Fundación Ideas para la Paz, FIP, consideró que a Paz Total empezó como una política ambiciosa de contención y reducción de la violencia que buscaba convocar a todos los actores armados al diálogo para que abandonen las armas, disminuya la confrontación armada y el impacto en las comunidades, n obstante, “esta política se ha transformado en su alcance y finalidad. La llegada de Otty Patiño como Consejero Comisionado cambió la visión a una menos “total” y más territorializada”.
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“Hoy, por la ausencia de método y estrategia, la Paz Total es más la suma de procesos desarticulados que una estrategia global de negociación. No es claro el punto de llegada que se busca con las negociaciones, más allá de apaciguar la violencia”, dijo Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la FIP.
Expansión criminal
De acuerdo con el más reciente informe de la Defensoría del Pueblo, las organizaciones armadas con mayor control territorial son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, el Estado Mayor Central (EMC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc y grupos de crimen organizado.
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El documento asegura que las AGC, la mayor organización criminal del país, que están en 392 municipios de 21 departamentos, hace presencia mayoritariamente en Antioquia, Chocó, Bolívar y Córdoba.
