La decisión del Gobierno de aumentar un 5.36 % el valor de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, un aumento que está un 10 puntos por debajo de lo que reclamaban de los diferentes actores del sistema, continúa causando malestar en diferes sectores del país, que consideran que la cifra agudizará los problemas en la prestación del servicio vital a los colombianos.
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Sin embargo, el Gobierno insiste en el que incremento obedece a supuesta información inconsistente entregada por las entidades prestadoras de salud, EPS.
“Esta se calcula con base en la información que reportan las EPS al Ministerio de Salud y Protección Social. Desafortunadamente este año está información presenta serias inconsistencias, hay un crecimiento abrupto inusitado en los valores y en las frecuencias de uso que no guarda consistencia ni con los datos históricos ni con el perfil epidemiológico del país”, aseguró Luis Alberto Martínez, viceministro de Salud.
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“Las EPS que certificaron el gasto no tienen todavía cerrado financieramente el año 2023, no está firmado por el revisor fiscal ni por el representante legal. Otra cosa adicional que se evidencia es que se pagaron precios a medicamentos que tienen control de precios y se pagaron por encima del precio que está establecido. Todo esto obviamente genera mucha incertidumbre sobre esta información”, agregó.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, considera que el Gobierno aún no ha sustentado técnicamente las razones para manejar las actuales cifras.
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“La Unidad de pago por capitación es la plata con la que se paga la atención en salud de todos los colombianos. Para que su cálculo sea apropiado debe asegurarse un ejercicio técnico y completo.Invitamos al gobierno a abrir un escenario de revisión con los actores para su reajuste”, indicó Ana María Vesga, presidente de Acemi.
En este sentido, el exministro Alejandro Gaviria advirtió que esta decisión afectará de manera grave al sector.
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De acuerdo con el académico, para un hospital público, por ejemplo, “esta situación representará un aumento de los ingresos apenas superior a 2% mientras los costos laborales crecerán casi 10% y muchos de los otros costos crecerán también por encima de la inflación”.
“En estas circunstancias, algunos hospitales tendrán que clausurar servicios. Los problemas de atención van a crecer de manera sustancial. Con todo, el gobierno sigue aferrado a un diagnóstico equivocado, supone que la plata sobra. El presidente insiste en que todo se lo roban. Confunde el pago de deudas pasadas con el robo de recursos. Omite que son las dificultades financieras del sector las que han impedido la inversión adecuada de reservas técnicas”, denunció.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Empresas Sociales del Estado y Hospitales Públicos, Acesi, consideró que el ajuste de la UPC resulta” insuficiente” para cubrir el incremento del salario mínimo establecido en un 9,54%.
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“Esta situación genera un impacto crítico en los hospitales públicos del país, cuya sostenibilidad financiera depende, en gran medida, de su capacidad para cubrir los costos laborales, los cuales representan hasta el 70% de sus presupuestos operativos”, advirtieron.
Además, Andrés Vecino, experto en temas de salud, también compartió la teoría de que la nueva UPC golpeará particularmente a hospitales públicos.
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“Su planta es mucho menos flexible y deben, por ley, incrementar el salario al mínimo legal (9,5%) con solo un incremento en sus ingresos de 5,36%, diferente a IPS privadas. Así se ve la incompetencia”, reprochó el profesor e investigador del programa de Sistema de Salud del Departamento de Salud Internacional en la Escuela de Salud Pública de Johns Hopkins.
