La Procuraduría manifestó este viernes, a través de un comunicado, su condena a “los actos de barbarie realizados por los grupos armados ilegales en la región del Catatumbo, en los que se ha visto afectada la población civil, firmantes del Acuerdo de Paz, mujeres y menores de edad, entre otros, producto de las confrontaciones y disputas territoriales asociadas al narcotráfico por parte de estas estructuras, violando los derechos humanos y cometiendo infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.
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Por ello, el Ministerio Público pidió al Gobierno intensificar sus esfuerzos para identificar a los responsables, garantizar la presencia de la Fuerza Pública en los territorios, así como dirigir sus capacidades integrales para el restablecimiento de derechos de los afectados y suministrar las ayudas humanitarias de emergencia a las víctimas.
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Al respecto, el procurador Gregorio Eljach ordenó la intervención inmediata de sus funcionarios regionales y provinciales de la jurisdicción, e indicó que “es necesario brindar las garantías a las comunidades del Catatumbo y de manera oportuna suministrar las ayudas humanitarias que se requieren ante este grave hecho, y de esa forma lograr que se garantice el adecuado funcionamiento de las instituciones. Es inconcebible que los grupos armados ilegales de esta región no respeten los derechos y el Derecho Internacional Humanitario”.
