Las advertencias por la profundización de la crisis del sistema de salud en Colombia

Se sigue agravando la crisis del sistema de salud en el país, según advierten gremios, observatorios y entes de control por igual. Esto por la fijación del aumento para 2025 de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, a las EPS en solo 5,36 %.

El Observatorio Financiero de Así Vamos en Salud presentó esta semana un informe en el que advierte que las pérdidas financieras, el aumento de la insatisfacción ciudadana y un presupuesto inicial desfinanciado dejan en evidencia un sistema sanitario con fragilidad estructural.

Detalla que las deficiencias del sistema han afectado el acceso y la oportunidad de los usuarios para recibir servicios de salud y que las EPS acumularon pérdidas operacionales en 2024 por $3,1 billones, siendo el régimen contributivo responsable del 64 % de este déficit, agregando que el patrimonio total de las EPS dejó un saldo negativo de $7,1 billones.

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Frente al acceso a servicios de salud, se da cuenta de que hasta noviembre de 2024 se registraron más de 1,4 millones de quejas, un aumento del 20,07 % frente al mismo periodo en 2023. Precisamente estas quejas, en un 91 %, tienen que ver con el acceso a los servicios. En este ítem también se habla del número de tutelas interpuestas por temas de salud, que en 2024 creció un 25,4 % en comparación a noviembre de 2023.

Y en cuanto a la UPC, el informe indica que en la vigencia actual comenzó con un déficit estimado en $9,2 billones, teniendo en cuenta que el aumento solo fue de 5,36 %, mientras que en el sector esperaban que fuera de un 16,9 %.

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Destaca el boletín también que el presupuesto de gasto asignado para el presupuesto máximo de 2025 es de $502 mil millones, mucho menor a los $2,3 billones ejecutados en 2024.

Y concluye que las intervenciones realizadas a las EPS desde 2022 han impactado sus procesos internos, especialmente en la calidad y oportunidad de los reportes financieros.

Entre tanto, el centro de estudios económicos de ANIF señaló en un reporte que la baja en la UPC aumenta las presiones financieras dentro del sistema de salud, lo que tiene amplias implicaciones para los usuarios: “En primer lugar, dada la falta de recursos, los servicios y prestaciones dentro del sistema se verán fragmentados. Esto implicará, por un lado, mayores tiempos de espera para poder acceder a distintas citas médicas. Asimismo, mayor demora en el acceso a especialistas, programación de cirugías y aumento en el tiempo de acceso a distintos tratamientos”.

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Por otro lado, añade el documento, la escasez de medicamentos puede continuar. Según el más reciente comunicado del Invima, con corte a diciembre de 2024, de 195 medicamentos en estado de monitorización, 4 se encuentran en riesgos de desabastecimiento y 7 desabastecidos. Dentro de este último se encuentra la insulina, medicamento clave en el tratamiento de más de 1,8 millones de usuarios con diabetes. Al ser medicamentos de alto costo y difícilmente reemplazables, el tratamiento de los pacientes se podría poner en pausa y deteriorar sus condiciones de salud.

“Otra consecuencia que probablemente tendrán los usuarios es un aumento en su gasto de bolsillo. Este tipo de gasto hace referencia a la cantidad de dinero que un paciente paga por servicios médicos por fuera del plan de aseguramiento que le otorga el sistema de salud colombiano. De hecho, dentro de los países de la OCDE, Colombia es uno de los con menor gasto de bolsillo. No obstante, el aumento en los tiempos de espera y la escasez de medicamentos puede empujar a los usuarios a acceder a servicios complementarios de salud o consultas y exámenes, de manera particular”, se lee.

Por todo lo anterior, la Procuraduría elevó una solicitud a la Corte Constitucional de declarar un Estado de Cosas Inconstitucional, ECI, en el sistema de salud colombiano, debido al “deterioro sistemático en la prestación de servicios de salud, una regulación ineficiente y un incumplimiento reiterado de mandatos constitucionales”, lo que “pone en riesgo los derechos fundamentales de los pacientes y la sostenibilidad del sistema”.

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El asunto de la UPC podría agravar la situación de clínicas y hospitales ya al borde del colapso financiero, y el acto administrativo que sustentó este incremento careció de transparencia, se basó en fuentes parciales y desatendió mandatos constitucionales, sostiene la misiva.

“La falta de financiación adecuada para cubrir servicios y tecnologías esenciales podría derivar en un colapso del sistema, afectando directamente el acceso de los colombianos a una atención oportuna y de calidad”, observa el Ministerio Público.

Esta declaratoria de un ECI podría movilizar recursos adicionales y medidas urgentes para evitar un colapso del sistema, y serviría como un mecanismo para exigir el cumplimiento de las obligaciones constitucionales por parte del Ministerio de Salud y otras entidades.

El ente de control disciplinario evidencia en este sentido un preocupante panorama financiero, señalando que los ajustes realizados en 2024 para cubrir los déficits acumulados resultaron insuficientes, dejando una carga significativa para el 2025.

Por su parte, la Superintendencia de Salud indicó en un boletín que luego de que en noviembre pasado se hiciera una revisión del proceso de intervención de nueve EPS por parte del Gobierno, el ente de control gubernamental intenta que los reclamos en salud por parte de estas EPS intervenidas disminuyan.

“Los primeros indicios de que las cifras de reclamos de estas EPS cambiaron, se evidencia en los meses de octubre y noviembre de 2024, luego de que el número de reclamos mensuales por parte de las EPS intervenidas fueran de 104.168 en octubre y 93.791 en noviembre. Cifras que, sin contemplar la estacionalidad del mes de diciembre, reportan una reducción del 10 %, comportamiento que puede variar en los próximos meses. Así mismo, al analizar la tasa de reclamos a 12 meses por cada 10 mil afiliados por todas las EPS, entre diciembre 2023 a noviembre de 2024, se evidencia que, de las nueve EPS intervenidas, cuatro EPS se encuentran por debajo de la tasa nacional que es 322,03 (Nueva EPS, Emssanar EPS, Coosalud EPS y Asmet Salud EPS), y 5 EPS se ubican por encima de la tasa nacional (Servicio Occidental de Salud SOS, Famisanar, Sanitas, Capresoca y Savia Salud)”, indica la Supersalud.

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Y admitió que en un análisis que presenta la tendencia de todas las reclamaciones que recibe la entidad por cada EPS, desde el 2019 a diciembre de 2024 por número de reclamos y tasa, se confirma un comportamiento ascendente a lo largo de estos años. En los últimos 12 meses, en términos de tasa, en el periodo comprendido entre diciembre de 2023 a noviembre de 2024 por cada 10 mil afiliados al sistema de salud por todas las EPS, se presentaron 322,03 reclamos. En el mismo periodo del año inmediatamente anterior, es decir de diciembre de 2022 a noviembre de 2023, la tasa a 12 meses fue de 274,65 reclamos por cada 10 mil afiliados.

Y a nivel departamental, añade el informe, Risaralda presentó la mayor tasa mensual de reclamaciones del mes de octubre con 55,88 reclamos por cada 10 mil afiliados, seguido de Caldas con una tasa mensual de 48,69. En tanto al motivo, el mayor número de reclamaciones se presentó por negación y falta de oportunidad en la asignación de citas o consultas de especialidades médicas, seguido de negación en la entrega de tecnologías por medicamentos incluidos en el plan de beneficios de salud.

“Sin embargo, y pese al crecimiento de octubre de 2024, se observa una disminución del número de reclamos mes en un 10,44 %, pasando de 174.161 reclamos en octubre de 2024 a 155.972 reclamos en noviembre de 2024 por todas las EPS a nivel nacional”, concluye el comunicado.

Esta semana, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, insistió en la necesidad de reformar el sistema de salud y transformar las EPS en gestoras de salud, dejando atrás su rol como aseguradoras financieras.

Aseguró que las intervenciones recientes a varias EPS responden a “problemas estructurales derivados de una falta generalizada de capital, patrimonio y reservas financieras. De más de 150 EPS, hoy solo quedan 29, y ninguna cumple con los requisitos para continuar como aseguradoras”.

La Junta Médica Nacional emitió también esta semana un comunicado en el que pide la reforma estructural del sistema de salud colombiano y la investigación urgente de las irregularidades detectadas en las EPS.

Esto por los recientes informes publicados por el Ministerio de Salud y y la Administradora de Recursos Públicos de la Salud (Adres), que con base en los estados financieros de las EPS para 2023 y 2024 señalan presuntas irregularidades en el uso de los recursos públicos destinados a la salud.

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Entre las anomalías se encuentra el supuesto cobro por atención médica a 23.410 fallecidos por $79.000 millones, un posible incremento del 63 % en el número de afiliados en 2023 respecto a 2022, un aparente aumento del 119 % en los valores ejecutados, un presunto incremento superior al 60 % en consultas médicas, un posible incumplimiento en la regulación de precios de medicamentos en más de 2,5 millones de registros con supuestos sobrecostos de $138.000 millones.

Y cuestiona la Junta Médica Nacional que se solicite un aumento de la UPC “sin estudios técnicos ni pruebas suficientes”, por lo que insta al Congreso de la República a debatir una reforma estructural al sistema de salud que priorice la atención a los ciudadanos sobre los intereses particulares.

Finalmente, pide auditorías forenses en todas las EPS y la apertura de investigaciones penales correspondientes, así como la convocatoria urgente de mesas técnicas que permitan revisar entre todos los sectores de la salud la información entregada por el Gobierno y las EPS.