La JEP emitió este viernes varias órdenes dirigidas a las entidades del Estado responsables de proteger a los excombatientes de las extintas Farc-EP que, en cumplimiento del Acuerdo Final de Paz, se encuentran en proceso de reincorporación a la vida civil y cuya integridad está en riesgo en medio de la crisis de violencia en el Catatumbo.
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“Los abogados de los excombatientes de las antiguas Farc-EP denunciaron ante esta Jurisdicción que, entre el 15 y el 22 de enero, fueron asesinados los firmantes Pedro Rodríguez Mejía, Johan Carlos Carvajal Quintero, Albeiro Díaz Freno, Jon Freddy Carrascal García, Sergio Vivas y Pedro Nel Angarita”, se lee.
Bajo este contexto, la JEP ordenó al Ministerio de Defensa que, de manera inmediata garantice el proceso de extracción de 124 firmantes del Acuerdo de Paz que se encuentran en la zona del Catatumbo, asimismo, deben mantener los anillos de seguridad en el AETCR de Caño Indio y en el NAR de Tibú, en un término de 10 días deberán presentar un informe detallado de las acciones implementadas para garantizar la protección de los excombatientes.
“También se ordena a la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, diseñar y ejecutar un plan para localizar, al menos, a 12 firmantes del Acuerdo Final de Paz desaparecidos a raíz de la crisis humanitaria en Catatumbo”, añade el tribunal de paz.
Así mismo, la JEP también le ordena a la Fiscalía que presente un informe detallado sobre todas las acciones investigativas relacionadas con la criminalidad en la región. Además, le solicita que diseñe un plan para recoger las declaraciones y denuncias de los firmantes del Acuerdo de Paz y sus núcleos familiares que hayan sido víctimas de estos hechos, entre ellos, homicidio y desaparición forzada, y acelerar las investigaciones judiciales necesarias para esclarecer estos hechos.
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“Al Ministerio del Interior, en coordinación con la Gobernación de Norte de Santander y las alcaldías de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, entre otras, les solicitó implementar un plan de atención humanitaria para las personas en proceso de reincorporación. Asimismo, le pidió desarrollar una estrategia para prevenir las violencias basadas en género, dirigida a las personas que se encuentran en los refugios”.
Y a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización le ordena “entregar un informe detallado sobre el estado de sus gestiones y, de ser el caso, implementar medidas para garantizar: 1) El desembolso efectivo del seguro funerario a las familias de los firmantes víctimas de homicidio. 2) El desembolso efectivo de la renta básica, priorizando el pago para todos los firmantes del Acuerdo que están en proceso de reincorporación en el Catatumbo. 3) El desarrollo de un plan de acción para la continuidad de los proyectos productivos que se han visto afectados por la crisis de seguridad en la región”.
