El procurador Gregorio Eljach abogó este sábado por brindar garantías a las comunidades afectadas por la violencia guerrillera en la región del Catatumbo (fronteriza con Venezuela), que se ha cobrado la vida de entre 60 y 80 personas en la última semana y ha dejado más de 40.000 desplazados.
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“Se deben brindar las garantías a las comunidades del Catatumbo y de manera oportuna suministrar las ayudas humanitarias ante este grave hecho, y de esa forma lograr que se garantice el adecuado funcionamiento de las instituciones”, expresó el jefe del Ministerio Público en un comunicado de su despacho.
Eljach agregó que “es inconcebible que los grupos armados ilegales de esta región no respeten los derechos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH)”.
Los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 de las disidencias de las Farc dejan entre 60 y 80 muertos según los conteos de la Defensoría y la Gobernación de Norte de Santander.
Sin embargo, las autoridades solo han podido recoger 41 cuerpos por la situación que siguen viviendo las zonas rurales alejadas del Catatumbo donde las autoridades aún no han podido acceder.
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Además hay más de 41.000 desplazados, según las cifras más recientes de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), que alertó también de que 12.520 personas están confinadas por la violencia.
Igualmente, 573 personas cuya vida corría peligro han sido “extraídas” (retiradas de la zona) por militares, según el último reporte del Gobierno, publicado este sábado.
Entre las víctimas mortales hay seis firmantes de paz, mientras que 12 excombatientes de las antiguas Farc están desaparecidos, advirtió el Ministerio de Defensa.
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Al respecto, la Procuraduría señaló que intervendrá en los procesos penales que ya fueron abiertos por el asesinato de tres de los seis excombatientes y de un líder social.
