Luego de que al amparo de la declaratoria de conmoción interior se expidiera un decreto desde el Ministerio de Agricultura facultando la expropiación administrativa en la subregión, se encendieron las redes con sectores políticos, gubernamentales y jurídicos opinando sobre el tema.
En la normativa en cuestión se deja en firme la expropiación por vía administrativa de predios y tiene como objetivo “garantizar los procesos de retorno y estabilización víctima de desplazamiento forzado, así como la reincorporación a la vida civil de excombatientes, en el marco de la grave perturbación del orden público declarada”, y así reasignar “predios rurales para garantizar procesos de retorno y estabilización de población víctima de desplazamiento forzado, así como la consolidación de proyectos productivos en el sector agropecuario”.
Al respecto, la representante Katherine Miranda, de la Alianza Verde, advirtió: “Lo que no hemos pasado en el Congreso, ahora lo quieren hacer por Conmoción Interior. Quieren volver a meter la expropiación express, eliminando el debido proceso, la falta de control judicial y la legítima defensa a la propiedad privada. Lo intentaron en el Plan Nacional de Desarrollo, lo intentaron en la reforma agraria y ahora lo quieren imponer a las malas por conmoción interior. Los programas especiales de adjudicación de tierras se sujetan a los procedimientos agrarios señalados en la Ley 160 de 1994. Lo que está haciendo este gobierno es normalizar la expropiación sin debido proceso. Si esto sigue así, mañana pueden justificar cualquier otra medida con argumentos vagos y sin controles. Hoy son tierras, ¿mañana qué será?”.
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En respuesta, la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, publicó en sus redes: “Katherine, te equivocas gravemente al oponerte al uso de la expropiación administrativa para culminar los procesos de adquisición directa de predios destinados a la dotación de tierras en el Catatumbo. El problema de orden público en la región, con su carácter extraordinario, está directamente relacionado con los cuellos de botella institucionales y presupuestales que desde el gobierno de Santos han obstaculizado una Reforma Rural Integral efectiva y una sustitución de cultivos de uso ilícito expedita. Facilitar la reforma agraria en la región es trabajar por las víctimas del conflicto y por la paz, que no te quepa duda. Ante esta coyuntura determinante, las y los políticos tienen dos opciones: Debatir con responsabilidad y patriotismo la conveniencia de estas medidas, reconociendo que estamos ante una situación excepcional que requiere soluciones extraordinarias. O refugiarse con ánimo electorero en eslóganes políticos de siempre, como si nada hubiera cambiado, ignorando las circunstancias actuales y privilegiando la indignación fácil sobre un análisis serio de lo que se necesita hacer. No seas un obstáculo para que el electorado de derechas que ahora buscas representar pueda comprender la necesidad de estas medidas”.
y agregó: “Te pido que reconsideres tu postura. Oponerte a estas medidas significa negarle al Estado la capacidad ejecutiva que necesita para financiar y hacer viables proyectos que pueden transformar la región. Es una cuestión de soberanía y de cómo se ejerce y se construye. Hay cosas más importantes que hacer en este momento que hacer un show en defensa de la propiedad privada cuando cualquiera con dos dedos de frente sabe que no está amenazada. Este gobierno ha decidido enfrentar la crisis con medidas de fondo para cerrar brechas regionales, que son uno de los grandes problemas estructurales del país. No rechaces decretos solo porque vienen de este gobierno. Piénsalo bien que de esto tampoco se vuelve”.
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Entre tanto, la senadora y precandidata presidencial, María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, criticó que “pretender la expropiación express usando como marco legal lo que ordena la Ley 1523 de 2012 sobre política de gestión del riesgo de desastres, no es compatible con la Conmoción Interior decretada por el desplazamiento de más de 50 mil ciudadanos en el Catatumbo. Una Conmoción Interior no es un desastre natural”.
Por su parte, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, aseguró este viernes en la emisora La FM: “Tenemos una norma que ha generado polémica y que, a mi juicio, se ha azuzado de manera injustificada en relación con la expropiación administrativa. (...) Puedo asegurar que las medidas adoptadas están establecidas en la zona específica donde se declaró la conmoción interior”.
De otro lado, el ex ministro del Interior, Daniel Palacios, cuestionó en X: “Los colombianos debemos tener claro que la conmoción interior decretada por este gobierno no es más que una reforma tributaria disfrazada de conmoción. Otra clavada más para los bolsillos de los ciudadanos. Como si eso fuera poco autoriza la expropiación, como todo en este gobierno pretende saltarse la institucionalidad por la puerta de atrás. No más engaños, no se lo permitamos”.
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Y el abogado y catedrático Mario Madrid-Malo publicó en su perfil: “Según la Constitución, la expropiación administrativa está sujeta a control judicial. Puede ser materia de suspensión provisional o declaración de nulidad. Esto lo callan quienes ahora informan sobre ella. La expropiación administrativa no es una confiscación. Esta se halla constitucionalmente prohibida. La expropiación administrativa debe ir precedida por el pago indemnizatorio al dueño del bien expropiado”.
