La Sala de Reconocimiento de la JEP informó este lunes en rueda de prensa que imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 12 antiguos miembros del Comando Conjunto de Occidente (también conocido como Bloque Occidental desde 2012), al Bloque Móvil Arturo Ruiz, al Frente 6º, a la Columna Móvil Miller Perdomo, y a las Compañías Móviles Alonso Cortés, Ambrosio González y Simón Rodríguez de las extintas FARC dentro del Caso 05, que investiga la situación territorial del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, el cual tiene el mayor número de víctimas acreditadas ante la JEP con más de 200.000 personas y 138 organizaciones.
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“Los imputados fueron llamados a reconocer responsabilidad por 14 crímenes identificados en más de 5.000 hechos violentos investigados en Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, Caldono, Jambaló, Miranda, Padilla, Guachené, Villa Rica y Puerto Tejada, en el norte del Cauca, así como en Florida, Pradera, Palmira, Jamundí y Candelaria, en el sur del Valle del Cauca”, indicó el tribunal de paz.
La Jurisdicción Especial para la Paz los encontró responsables de los crímenes de lesa humanidad de asesinato, traslado forzoso de población, persecución y otros actos inhumanos y los crímenes de guerra de homicidio, ejecuciones sin previo juicio, desplazamiento forzado, utilización, reclutamiento o alistamiento de niños y niñas.
Asimismo, se les encontró responsables del empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal; atentados contra la vida y la integridad corporal; por dirigir ataques contra la población civil a través de las llamadas “tomas guerrilleras” y los crímenes de guerra de destrucción del medio ambiente y de destrucción de bienes culturales y de lugares de culto.
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La JEP indicó que hubo en el proceso una contrastación judicial que incluyó, entre otros, el análisis de 20 informes de organizaciones de víctimas, siete versiones colectivas, 50 versiones individuales y los informes de la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, así como decisiones de la Corte Constitucional.
Igualmente, se analizaron 130 observaciones de víctimas y de la Procuraduría a lo dicho por los comparecientes ante la JEP. Y como parte de la investigación, se incluyeron versiones interjurisdiccionales con la Jurisdicción Especial Indígena y la Justicia Propia Afrocolombiana.
“En el marco del Caso 05, se ha desarrollado una ruta dialógica presencial en Territorios indígenas, afrocolombianos y campesinos para garantizar la participación de víctimas y comparecientes. Además, se ha verificado la persistente situación de inseguridad en la zona priorizada. Estas acciones son clave para superar las discriminaciones y negaciones históricas que han afectado a estos colectivos desde la colonia hasta la actualidad“, se lee en el comunicado.
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Y continuaron: “Para el esclarecimiento de los hechos mencionados en esta investigación la Sala de Reconocimiento llevó a cabo versiones voluntarias colectivas y de construcción dialógica de la verdad que fueron desarrolladas con el apoyo de los comparecientes y sus equipos de defensa, en las cuales participaron activamente los miembros de las comandancias de las estructuras de las antiguas Farc – EP. En cada una de estas diligencias los firmantes entregaron a la JEP y a las víctimas documentos de aporte temprano a la verdad y realizaron actos restaurativos en los que reconocieron afectaciones causadas frente a delegados de las víctimas indígenas, afrocolombianas y campesinas”.
Entre los comparecientes a los cuales se les atribuyó responsabilidad se encuentra Pablo Catatumbo Torres Victoria, quien fue miembro del Secretariado, integró el Estado Mayor del Bloque Móvil desde 1998 y a partir de 2012 comandó el Bloque Occidental..Y también está Francisco González’ o ‘Pachochino’, quien desde 1993 hasta 2011 fue coordinador del Comando Conjunto de Occidente y desde el año 2012 asumió como jefe de inteligencia y miembro del Estado Mayor de comando, que desde ese año se conocería como Bloque Occidental, y asimismo, fue comandante de la Compañía Simón Rodríguez.
Una vez notificada esta decisión, los imputados tienen 30 días hábiles, contados después de la notificación con pertinencia étnica de este auto, para reconocer los hechos y conductas o rechazar las imputaciones hechas. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público también podrán presentar observaciones frente al auto. Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y hay aportes a la verdad, la JEP convocará a una Audiencia de Reconocimiento de Verdad. Tras esta diligencia, la sala emitirá una Resolución de Conclusiones, con la cual los procesos serán trasladados a la Sección de Reconocimiento de Verdad.
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Allí se terminará de definir la situación jurídica de los máximos responsables que aceptaron responsabilidad en crímenes de guerra y de lesa humanidad. Antes de establecer los trabajos, obras y actividades que deberán cumplir como parte de su sanción, esta instancia de la JEP verifica que la sentencia garantice los derechos de las víctimas, ofrezca seguridad jurídica a los comparecientes y cumpla con los estándares internacionales. En caso de que los comparecientes niegan su responsabilidad, sus casos serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
