La Policía y la Fiscalía reportaron este martes en un boletín la captura de 124 personas por secuestro y extorsión en Bogotá, Santa Marta y los departamentos de Cundinamarca, Caldas, Tolima, Valle, Antioquia, Atlántico, Norte de Santander y Meta.
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“La operación Renacer, permitió afectar 14 grupos delincuenciales, capturando 124 personas en todo el país. Además, fueron incautadas 9 armas de fuego, 3 proveedores, 110 cartuchos de diferentes calibres, 2 granadas, 12 motocicletas, 1 vehículo y 103 equipos de comunicación que serían empleados para cometer sus crímenes”, se lee.
La información indica que dos acciones operativas ejecutadas en el departamento de Cundinamarca permitieron la captura de cuatro personas dedicadas a extorsionar comerciantes. El primer resultado se llevó a cabo en el barrio Danubio Azul, municipio de Soacha, donde fue capturado en flagrancia por el delito de extorsión alias Gregorio.
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Este sujeto se identificaba como integrante del grupo delincuencial conocido en el mundo criminal como Tren de Aragua, para exigirle a un comerciante 50 millones de pesos a cambio de un supuesto servicio de seguridad y no atentar en contra de su integridad, empleados o núcleo familiar.
“El segundo operativo desarrollado en el barrio Ciudad Verde de este municipio, dejó la aprehensión tres sujetos por el delito de extorsión, quienes se identificaban como integrantes de la organización delictiva Clan del Golfo y venían exigiéndole a un comerciante 2 millones de pesos para no atentar en su contra y permitirle continuar con sus actividades”, señaló la entidad policial.
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Y en los municipios de Pereira y La Virginia en Risaralda, Belalcázar (Caldas) y Cartago en el departamento Valle del Cauca, el operativo arrojó la captura 15 personas por los delitos de concierto para delinquir y extorsión, y una más por el delito de porte ilegal de armas.
Los capturados harían parte del grupo delincuencial La Oficina, responsables de extorsionar a prestamistas de dinero “gota a gota”, comerciantes, administradores de fincas y lugares donde se expenden sustancias ilícitas, a través de exigencias que oscilan entre 150 y 600 mil pesos mensuales a cambio de no perpetrar atentados en contra de su integridad, informó la Policía.
