En medio del polémico primer consejo de ministros televisado en la historia del país esta semana, que para algunos fue un show, un caos, una estratégica implosión de cara a adecuar un gabinete más dispuesto hacia lo electoral y/o la gobernabilidad en el Congreso, o la triste evidencia de las gigantescas fisuras en el Ejecutivo, lo de fondo: cómo va el Gobierno, qué ha hecho y qué no, es lo más alarmante.
El propio presidente Gustavo Petro reconoció que de 195 compromisos hechos a los colombianos se han incumplido 146, es decir, un 75 %. Este solo hecho parece justificar el cambio de gran parte del gabinete, a año y medio de culminar su estadía en la Casa de Nariño, hacia uno más funcional, más técnico, pero que también le permita moverse en el Congreso con sus reformas, negociando con los partidos las líneas rojas, y al mismo tiempo con una reducida chequera por el déficit fiscal, con la que tendrá que maniobrar optimizando los gastos, apretándose el cinturón, y todo esto de cara, por supuesto, a las elecciones parlamentarias y presidenciales, a las que sabe que deberá llegar con la mayor cantidad de apoyos posibles, pues la oposición ha tomado la delantera en la intención de voto.
“Este es el informe de incumplimiento y es fatal, y se lo digo al pueblo, porque me da vergüenza. De 195 compromisos se han incumplido 146. El presidente es revolucionario, el Gobierno no. (…) Es el pueblo el que manda, nosotros somos sirvientes del pueblo, sirvientas del pueblo. Entonces aquí hay 195 compromisos hechos, establecidos con el pueblo, de los cuales 146 no se han cumplido hasta el momento, señores y señoras, anoten”, dijo el mandatario en vivo y en directo.
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Acto seguido señaló que la cartera de Educación, dirigida por Daniel Rojas, fue la más rezagada, con 18 de 19 compromisos aún pendientes, es decir, un incumplimiento del 95 %. Y atribuyó parte de este resultado a que, según él, el exministro Alejandro Gaviria no trabajó bajo las directrices del Ejecutivo.
Entre tanto, indicó que el Ministerio de Minas, bajo la batuta de Andrés Camacho, lleva el segundo lugar en la lista de incumplimientos, con un 84 % de los compromisos sin ejecutar.
En tercera posición se ubicó el Ministerio de Defensa, cuya titularidad ejerce Iván Velásquez, con un 65% de compromisos por honrar.
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Entonces, el jefe de Estado impartió una serie de órdenes para que, de acuerdo lo que él considera, mejore el desempeño de las carteras:
La primera fue iniciar el proceso para la controvertida venta de las operaciones de ‘fracking’ de Ecopetrol en Estados Unidos, para reorientar esos recursos hacia proyectos de energías limpias en el país.
La segunda, avanzar en la estrategia de la fuerza pública para expulsar al ELN del Catatumbo.
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La tercera, que el Ministerio de Hacienda priorice la construcción de líneas férreas en la Sabana de Bogotá y Cundinamarca, incluyendo la licitación del tranvía hacia Zipaquirá.
La cuarta, priorizar los proyectos de agua potable para Santa Marta y devolver el acueducto a la administración local, lo que también podría gestionarse en Valledupar.
La quinta, impulsar la construcción de viviendas en el Catatumbo.
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La sexta, procurar que los empleados de Migración Colombia que operan en las fronteras sean remunerados exclusivamente con recursos del Estado colombiano y que no provengan de la ayuda internacional de la Usaid, en proceso de revisión por parte de Washington.
Uno de los aspectos más llamativos es que el informe de incumplimientos lo habría elaborado el entrante jefe del gabinete o despacho, Armando Benedetti. Lo que exacerbó los ánimos ante las no pocas polémicas y escándalos que tiene el exsenador y exdiplomático en su haber, que van desde procesos penales por presunta corrupción, supuestas agresiones verbales a su esposa hasta señalamientos por aparentes anomalías en la financiación de la campaña presidencial de Petro.
Por ello, uno de los propósitos del consejo de ministros televisado era presionar a los ministros por los incumplimientos, lo que se le devolvió al presidente de la República en críticas y malestares de la vicepresidenta Francia Márquez; la ministra de Ambiente, Susana Muhammad; la ministra de Justicia, Ángela María Robledo; el director de Planeación, Alexánder López; y el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar. Los cuestionamientos giraron en torno a la figura polémica de Benedetti, al ascenso inusitado de Laura Sarabia a canciller y a las fallas de la paz total.
Petro, de inmediato, defendió a Benedetti y dejó entrever que el Gobierno entra en una nueva estrategia de cara al margen de maniobra de las reformas en el Congreso y lo electoral en 2026: “La única razón para que Armando Benedetti esté al lado mío es porque sí tiene una especie de virtud: es ser loco. La locura puede hacer revoluciones. (…) No soy de izquierda, no soy de derecha: soy humanista. (…) Mi proyecto no es el de izquierda, yo no propuse el socialismo. Me gusta y lo he estudiado, pero el socialismo que habrá en el mundo en el futuro no es el mismo del siglo XX. (…) Este gobierno debe ser de todos los colores. Yo soy un color entre todos los colores del arco iris. Y el Gobierno no debe perder esa sensación. Si no, termina en una secta”.
Y es que al informe de Benedetti, paradójicamente, lo respalda otro reporte del Ministerio de Hacienda sobre la ejecución del Presupuesto 2024, que indicó que los compromisos acumulados fueron de $456,5 billones, lo que representó el 96 % del presupuesto aprobado, pero la ejecución real fue de $394,7 billones, es decir, un 83 % del monto, que es la cifra de ejecución más baja registrada en los últimos 25 años. Entre los sectores con mayor ejecución se destacan Educación (96,4 %) y Salud (94 %). Y entre los de menor están la Presidencia (27,7 %), Deporte (36 %), Agricultura (38,6 %) y Transporte (42,5 %).
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Todo este cambio de estrategia que se viene de parte del Gobierno, de cara a lo electoral, además deberá gestionarse en medio de un déficit fiscal que, según Hacienda, alcanzó el 6,1 % del Producto Interno Bruto, PIB, en noviembre de 2024, superando el 4,3 % registrado en 2023 y el 5,6 % proyectado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Se trata de un nivel de déficit similar al que produjo la pandemia en 2020, cuando llegó al 7,8 %.
Hernán Olano, decano de Derecho de la Institución Universitaria Colegios de Colombia, Unicoc, le dijo a EL HERALDO que “146 de los 195 objetivos del Gobierno incumplidos, sumados a los objetivos de desarrollo sostenible y particularmente a los objetivos planteados dentro del acuerdo de paz y en materia de educación y salud, son desafortunadamente el balance del Gobierno hasta este momento”.
Agregó en este punto que “la falta de cumplimiento se encuentra relacionada con la falta de escucha de las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad y la ausencia del Estado en las regiones. Porque desde hace muchos años, particularmente con las reformas desde 1998, el Estado dejó de estar presente en las regiones con ocasión de la desaparición de oficinas de la Caja Agraria, hoy en día el Banco Agrario, con oficinas de la administración postal nacional, de Telecom, debido a la privatización del servicio y el proceso de descentralización a los municipios en materia de salud y educación, que hace insuficiente el sostenimiento de esos dos servicios por falta de viabilidad económica de los mismos municipios”.
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Y concluyó Olano que “el mismo presidente dice que si no se toman acciones inmediatas, hay que tomar decisiones drásticas, pero una de las decisiones que ha debido tomar, incluso al terminar el consejo de ministros, hubiera sido la de solicitar él mismo directamente, no a través de su ministro de Gobierno o del Interior, la renuncia protocolaria a todas las cabezas de la administración pública y quedar en libertad de recomponer al Gobierno para la recta final”.
Entre tanto, el analista político Carlos Arias advirtió en EL HERALDO que se trata de “unos incumplimientos que básicamente solamente conocen el hoy secretario privado o jefe de gabinete, Armando Benedetti, y el presidente, entonces en esa consideración determinar o analizar la gravedad de ese incumplimiento se convierte en un escenario irreal o hipotético, porque la opinión pública no conoce cuál es el indicador de incumplimiento de la promesa”.
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Puntualizó al respecto que “lo que sí es importante y es de público conocimiento es establecer que hoy el Gobierno, sumando todos los ministerios y entidades adscritas, no superan un 22 % de su ejecucion presupuestal. Hay ministerios que logran el 25 %, pero hay otros que no llegan ni al 10 %, y eso claramente es insuficiente para casi tres años en donde el Gobierno fue más retórica y narrativa que otra cosa”.
