Este lunes, desde el complejo judicial de Paloquemao, en el centro de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se defiende de manera presencial de la teoría de la Fiscalía General de la Nación, que lo acusó en su momento de ser “determinador del concurso homogéneo sucesivo de tres delitos de soborno en actuación penal”.
“No soborné ni mandé a sobornar a nadie”, aseguró Uribe Vélez, agregando que junto a su equipo de defensa demostrará su inocencia con pruebas contundentes.
Sobre Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del proceso, el expresidente aseguró que “no lo conozco y creo que no me conoce (...) no lo busqué”.
Por su parte, Jaime Granados, abogado del exmandatario, recusó a la jueza del caso: “Se perciben razones, motivos que permiten establecer que la imparcialidad de la señora jueza que preside este juicio, se encuentra seriamente comprometida. Y por eso, como garante del debido proceso, debe separarse del conocimiento del asunto”, aseguró.
En este juicio, en el que por primera vez un expresidente de Colombia responde penalmente, la jueza Sandra Liliana Heredia tendrá que decidir si la Fiscalía tiene razón en la acusación contra el exmandatario o si por el contrario, como alega la defensa, Uribe no es culpable de esos cargos.
Las víctimas acusaron a Uribe y su defensa de una “campaña sistemática de desprestigio y persecución en contra de los magistrados y jueces que han actuado en el proceso” y afirmaron que “han acudido a distintas maniobras con el propósito de que opere la prescripción de la acción penal”.
La larga querella se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista de izquierdas y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
El juicio comenzó luego de que el martes pasado el Tribunal Superior de Bogotá admitiera como pruebas las interceptaciones que en 2018 le hizo la Corte Suprema a Uribe.
La defensa de Uribe había pedido que esas interceptaciones no fueran tenidas en cuenta, iniciativa que no prosperó y por eso pidió aplazar el inicio del juicio, algo que tampoco logró.
Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, que fue negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que este el año pasado la Fiscalía decidió acusarlo.
