La crisis de orden público en el departamento de Valle del Cauca se incrementa. Tres personas fueron asesinadas en una discoteca, ubicada en el municipio de Jamundí, por hombres armados que los atacaron a tiros, en la noche de este 15 de febrero.
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Tras la masacre, la Policía Metropolitana de Cali identificó a las víctimas como: Euder Amado Silva Machado, de 23 años; Luis Enrique Mosquera Ocoró, de 31 años y Richard Edwin Angola, de 44 años, quienes se encontraban departiendo minutos antes del ataque.
La institución informó que luego de conocer los hechos desplegó un operativo y logró la captura de tres personas que serían los responsables del hecho.
“En la madrugada de hoy fueron capturados tres hombres, dos de ellos de ciudadanía extranjera, implicados en un homicidio múltiple en el barrio Bonanza de Jamundí. Fue activado un plan ‘candado’ que permitió además de las capturas, la incautación de una pistola con dos proveedores y la inmovilización de un vehículo particular”, se lee en un comunicado de la institución policial.
La Policía agregó que los capturados ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.
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“Del caso se reportan personas lesionadas que se encuentran siendo atendidas en centros asistenciales de Jamundí y Cali. Los implicados están siendo dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por homicidio y porte ilegal de armas de fuego”, añadió la Policía.
La ONG Instituto de Desarrollo de Estudios para la Paz (Indepaz) indicó que este triple homicidio se convierte en la décima masacre ocurrida en Colombia en lo que va de 2025.
Además, la Defensoría del Pueblo emitió con anterioridad una alerta temprana en la que advierte que Jamundí forma parte de un corredor de movilidad que conecta las poblaciones de Buenos Aires y Suárez, en el Cauca, con Buenaventura (Valle del Cauca), ciudad en la que funciona el principal puerto de Colombia en el Pacífico.
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Allí la presencia del Estado es débil y las condiciones de vulnerabilidad de la población son altas, y debido a “esas circunstancias, el municipio ha sido históricamente aprovechado por los grupos armados ilegales”, según la Defensoría del Pueblo.
Pese a los esfuerzos del Gobierno por retomar el control de esta parte del país, los grupos armados siguen teniendo una fuerte presencia porque buscan controlar la cadena del narcotráfico, que incluye los cultivos de coca y la salida de alijos de cocaína por el Pacífico hacia Centroamérica.
Allí actúan las disidencias de las FARC, al igual que guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), narcotraficantes y otros grupos armados ilegales que también se lucran de las economías ilegales, entre ellas la minería ilegal y el tráfico de personas.
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