La defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien es juzgado por fraude procesal y soborno a testigos, radicó este martes un escrito de recusación contra la fiscal de su caso, Marleny Orjuela.
De acuerdo con el abogado Jaime Granados, se “expondrá como usted, en su condición de Fiscal Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, debe separarse del conocimiento del presente caso, en tanto se encuentra impedida no sólo por estar incursa en la causal primera de impedimento de que trata el numeral primero del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, sino también porque su imparcialidad se encuentra cuestionada desde una perspectiva objetiva”.
“Lo anterior, por cuanto para el año 2012 usted fue nombrada en el cargo de Fiscal Delegada ante el Tribunal de Distrito, por el entonces Fiscal General de la Nación, doctor Luis Montealegre, quien actualmente unge como alegada víctima dentro del presente asunto, circunstancia que compromete su imparcialidad y objetividad en el ejercicio de sus funciones y advierte un interés en la causa”, explicó.
La larga querella se remonta a 2012 cuando Uribe demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
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Contrario a lo esperado por Uribe, la Corte Suprema de Justicia no abrió investigación contra el congresista de izquierdas y, en cambio, le inició un proceso al exmandatario por manipulación de testigos.
El juicio comenzó luego de que el Tribunal Superior de Bogotá admitiera como pruebas las interceptaciones que en 2018 le hizo la Corte Suprema a Uribe.
La defensa de Uribe había pedido que no se tuvieran en cuenta esas interceptaciones, iniciativa que no prosperó y por eso pidió aplazar el inicio del juicio, algo que tampoco logró.
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Uribe renunció en agosto de 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la Justicia ordinaria y entonces la Fiscalía decidió que no había pruebas para perseguirlo judicialmente.
Por ello solicitó hasta en dos ocasiones la preclusión del caso, una solicitud negada tanto por los juzgados de primera instancia presentados como por el Tribunal Superior de Bogotá, hasta que el año pasado la Fiscalía decidió acusarlo.
