La Superintendencia de Salud informó el pasado sábado en un comunicado que pidió a la Fiscalía investigar los casos de presunta corrupción con recursos de la Salud en Coosalud y Fomag.
Leer más: Uribe descalifica testimonio de exparamilitar Monsalve: “Lo entrenaron mal para mentir”
“Desde el mismo momento en que asumí esta posición, he sido contundente: No vamos a permitir que los recursos del sistema de salud que son públicos, que provienen en un porcentaje importante de los aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud que hacen los trabajadores colombianos, y de los recursos de la Nación, entre otros, sean utilizados por particulares, dueños de Empresas Administradoras de Beneficios, EAPB, o también denominadas EPS, o de cualquier otro actor del sistema de salud, sea público o privado, sean desviados y usados para fines distintos a los previstos para la protección y la defensa del derecho a la salud de los colombianos”, manifestó el superintendente Giovanny Rubiano García.
Agregó que la entidad ha hecho uso de las medidas de las que dispone por ley para la vigilancia, inspección y control de los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud, con el objetivo de proteger los recursos para la salud de los colombianos.
Le puede interesar: Petro habría solicitado la renuncia del director de la Aeronáutica Civil, Sergio París
Además, indicó que la Superintendencia Nacional de Salud, sigue avanzando en un sistema de salud “que tenga como prioridad la salud como servicio público esencial obligatorio y un derecho de todos los colombianos”.
Por ello, afirmó, recibió del presidente Gustavo Petro el mandato de vigilar las EPS “y solicitó a la Fiscalía General de la Nación investigar a fondo las denuncias sobre presuntos hechos de corrupción en la EPS Coosalud”.
En este caso, a partir de los presuntos hechos de corrupción informados en los medios de comunicación, la Superintendencia de Salud realizó auditoria a la EPS Coosalud el día 25 de septiembre de 2024, cuyos hallazgos fueron reportados en el informe preliminar que se trasladó a la Fiscalía en octubre del mismo año.
Posteriormente, la Supersalud en cabeza de Giovanny Rubiano y en el ejercicio de sus funciones de supervisión de los actores del sistema de salud, encontró evidencias para ordenar la intervención forzosa administrativa para administrar contra Coosalud EPS el 22 de noviembre de 2024, luego de hallar deficiencias administrativas, financieras, asistenciales y jurídicas, las cuales han venido afectando significativamente la prestación de los servicios y poniendo en riesgo la integridad y seguridad de sus afiliados.
Lea también: Ataque del ELN deja dos policías heridos en Cúcuta
“Adicionalmente, el 6 de diciembre de 2024 la Supersalud alertó sobre la posible pérdida de más de $200 mil millones por parte de la EPS Coosalud, de acuerdo con el informe entregado por parte del equipo interventor el cual revela, entre otros, que en diciembre de 2022 Coosalud EPS sirvió como garante del contrato de crédito entre el Banco GNB Sudameris S.A. y la compañía Coosalud Inversa S.A., y que posteriormente, para noviembre de 2024, el banco notificó el incumplimiento del crédito, activando cláusulas de aceleración para recuperar la obligación, la cual ascendía a más de $221 mil millones de pesos, incluyendo capital e intereses”, se lee.
Según el informe, para el 20 de noviembre el banco GNB Sudameris anunció la posibilidad de usar recursos de fideicomisos relacionados con Coosalud para cubrir la deuda, lo que se concretó con la transferencia de $206 mil millones desde estos fondos. El equipo interventor también pudo constatar que el representante legal de Coosalud EPS, Jaime González, durante la firma de dicho contrato, también ostentaba la representación legal de la empresa deudora. Finalmente, el informe resalta que los recursos comprometidos son públicos y, por lo tanto, están sujetos a un manejo estrictamente regulado.
“La evidencia recogida por la Supersalud fue puesta a disposición de la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría, para que cada una de dichas entidades, en el marco de sus competencias, realicen las acciones respectivas que permitan brindar claridad sobre el posible uso indebido de los recursos de la salud”, señaló el funcionario.
No olvide leer: Ejército incautó 2,8 toneladas de cocaína que pertenecían a la Segunda Marquetalia
Agregó Rubiano que “el informe de hallazgos presentado ante la Fiscalía General de la Nación plantean no sólo dudas sobre el manejo de los recursos para la salud de Coosalud EPS, sino una presunta desviación de recursos públicos que debe ser investigada y sancionada”.
Y frente al caso Fomag, señaló que la Superintendencia ha realizado varias acciones de inspección y vigilancia con la Fiduprevisora.
“El 1 de abril de 2024 se citó a esta entidad y al Ministerio de Educación Nacional, con el propósito de conocer el proceso de terminación del contrato (prestación de servicios y flujo de recursos) entre las partes y, además, los aspectos relacionados con el nuevo modelo de atención, incluyendo la nueva contratación. Ante la negativa de la entidad a presentar la información solicitada por esta Superintendencia y, en cumplimiento de las acciones de inspección y vigilancia, se realizaron distintas auditorías integrales para el período de mayo a diciembre de 2024 en sus distintas regionales a nivel nacional.
La Superintendencia participó en mesas citadas por el Ministerio de Educación para la garantía del derecho fundamental a la salud de los maestros y sus familias, en el marco del modelo de salud implementado, a partir del Acuerdo No. 003 de 2024 en varios departamentos.
En el ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia a la Ruta Materno Perinatal y Desnutrición en menores de 5 años, se expidió la Resolución 2024500000014420-6 de 24-10-2024, por la cual se imparten órdenes de inmediato cumplimiento a los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud en el departamento del Chocó”, sostiene el reporte.
Lea también: Hallan tres cadáveres y un cilindro abandonado en Tibú
Así mismo, dijo que luego de realizar mesas de aseguramiento en salud y flujo de recursos en los Departamentos de La Guajira, Nariño, Quindío, Risaralda y Caldas y posterior a la realización de cada auditoria, se solicitó a la entidad presentar un plan de mejoramiento que registre las actividades suficientes para subsanar los hallazgos identificados y se realizó traslado de los incumplimientos a la Delegatura de Investigaciones Administrativas para las acciones de control que correspondan.
“De igual manera, para la vigencia 2025, bajo cronograma y priorización de territorios, se continuará realizando auditorías a los diferentes actores responsables de la entrega de medicamentos como son los aseguradores y los proveedores de medicamentos. Además de continuar con las auditorías a las diferentes regionales para garantizar el derecho a la salud de la población afiliada el magisterio”, concluye el informe.
No olvide leer: Ejército denuncia que el ELN instaló bandera en Saravena, Arauca, y detonó un explosivo
