El pasado jueves se instaló en la sede del Ministerio de Salud, por parte del jefe de la cartera, Guillermo Alfonso Jaramillo, la mesa de trabajo de la UPC, tras la orden de la Corte Constitucional en este sentido. No obstante, en esta primera cita pareció haber más desencuentros que puntos en común, pues mientras el Gobierno advierte que las EPS no entregan los reportes de la manera debida y que hay aparentes anomalías en el uso de estos recursos, los gremios de la salud piden que se aborde el asunto estructural de la crisis del sistema de salud en el país para que se pueda garantizar este derecho fundamental para todos los ciudadanos.
El alto tribunal dispuso que se creara esta mesa con todo el sector de la salud, mediante el Auto 007 del 23 de enero de 2025, como un mecanismo de reajuste que deberá aplicar a la UPC de 2024 y 2025, para revisar la UPC de 2024 y evaluar eventuales rezagos en los valores fijados para 2021, 2022 y 2023. Lo anterior porque el Gobierno fijó la UPC en 5,4 %, cuando varios agentes del sector piden que se establezca en promedio en el 14 %.
“Este es el tribunal de la verdad de la salud, no es para que nos digan solamente hay que aumentar tanto o no hay que aumentar tanto, sino donde la Contraloría y la Fiscalía nos ayuden a conocer la verdad”, dijo Jaramillo, agregando que “la misma Contraloría ha dicho que tiene abiertos 522 procesos de responsabilidad fiscal por $11 billones por malos manejos de dineros de la salud”.
Advirtió también que el ente de control fiscal estableció que hubo “excedentes operacionales” con los recursos de la UPC en 2020 de $6 billones, en 2021 de $3 billones y en 2022 de $1 billón, y que hubo “un aumento en gastos de $14 billones que subió a $24 billones, habiendo solo subido el número de afiliados un 10 %; un incremento de las frecuencias del 64 % que no tiene ninguna lógica; (...) unos precios de procedimientos que uno no entiende, un catéter de $300 millones”.
Por ello, aseveró, “cuando cogemos todas las EPS hay una diferencia de $3 billones en los costos de suficiencia versus los costos reportados por las EPS”.
Pero de acuerdo con la información que se ha conocido en los medios, el ministro al parecer ignoró un estudio de un equipo interno que le daba la razón al alto tribunal frente a la insuficiencia de la UPC y habría salido de la cartera de protección social parte de ese equipo y habría sido reubicada otra. Los funcionarios y exfuncionarios, que llevaban algunos una década haciendo este cálculo, concluyeron que para 2025 la UPC debía aumentar entre un 10 % y un 14 %.
Sin embargo, la cartera de protección social solicitó la nulidad del auto en el que la Corte declaró la insuficiencia en 2024 y 2025 de la UPC, aseverando que esta decisión carecía de sustento técnico, desconocía la presunción de legalidad de los actos administrativos que regulan la UPC, y planteaba además el Ejecutivo que la revisión de estos valores era competencia exclusiva del Ministerio de Salud.
De otro lado, 19 exministros y ex viceministros de Salud advirtieron en un documento que la UPC para 2025, establecida en la Resolución 2717 de 2024, “comprometió principios de legalidad, seguridad jurídica, transparencia, participación democrática, deliberación pública, eficiencia en el gasto público, y además incurrió en falsa motivación”.
“La insuficiencia de recursos afecta la capacidad del sistema para atender a los pacientes de manera oportuna, deteriora la calidad de los servicios, genera barreras de acceso y pone en riesgo la vida de quienes dependen del sistema de salud para tratar sus enfermedades. Retrasos en la atención, desabastecimiento de medicamentos, cierre de servicios y falta de atención especializada son solo algunas de las consecuencias de negar los recursos necesarios para la salud de la población”, agregaron.
Y concluyeron los exfuncionarios que una UPC insuficiente para 2025 tendrá consecuencias como el deterioro de la calidad de los servicios, dificultades en la disponibilidad de medicamentos, tiempos de espera más largos y la posible reducción de la cobertura en algunas regiones.
Así, en medio de este tire y afloje, se instaló la mesa que se reunirá cada semana durante dos meses. Por ello, EL HERALDO consultó a distintos actores del sistema de salud y expertos en la materia para saber cuáles son las expectativas frente a este mecanismo.
Ignacio Gaitán, presidente de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, Afidro, le dijo a este diario que “la mesa se está desviando de su propósito: se empezó a hablar de temas de corrupción y lo que esperamos, si hacemos un compromiso de parte y parte, es que se llegue a un valor acordado de ajuste que nos permita mejorar el flujo de recursos, que nos permita que los medicamentos lleguen a los pacientes”.
De igual modo, agregó, “también debo decirlo del lado del Gobierno: que se llegue a compromisos que el Gobierno pueda cumplir. Entiendo que el país tiene un problema fiscal, eso lo he hablado con el Ministerio de Hacienda, pero uno quisiera que fuera una mesa de concertación y no de disertación, como está pasando”.
Entre tanto, Herman Bayona, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana, indicó en este medio que “el problema es que el cálculo de la UPC se hace sobre una fórmula matemática y cualquier calculo científico tiene como elemento fundamental que los datos sean verídicos”.
Añadió en este sentido que “la pregunta a la Corte es cuáles fueron los datos y el cálculo y el estudio sobre el que se basó para decir que la UPC no es suficiente, y al Ministerio habría que preguntarle cuál es la información que tiene y a las EPS también, y la única manera de poner tener datos reales es que las EPS abran la información y exista una auditoría forense para saber a quién le pagan y cuánto le pagan”.
Agamenón Quintero, presidente de la Asociación de Sociedades Científicas, cuestionó en esta casa periodística: “A nosotros no nos invitaron a participar en la mesa, no es ese el hecho, no voy donde no me invitan, pero en esta situación donde está pendiente el derecho a la salud es importante. (…) A ningún gremio médico invitaron, a la Academia Nacional de Medicina, al Colegio Médico Colombiano y a sociedades científicas, que son los que agremian más médicos”.
El problema, aseguró, “es la falta de gobernanza que existe en la salud y lo que necesitamos es que exista evidencia y que mejoren los resultados en medicamentos, servicios, tecnologías y talento humano: de ahí debe salir la UPC. El 5,4 % es insuficiente, porque eso nos tiene en crisis actualmente en el sistema (…). ¿Dónde están los $90 billones para la salud? Nadie responde”.
Y la ex ministra de Salud Carolina Corcho dijo a este periódico que “la expectativa que tenemos es que las EPS presenten sus datos para controvertir las gravísimas inconsistencias encontradas en el estudio realizado por el Ministerio de Salud y la Adres sobre la base de los propios datos que presentaron las EPS (…) que controviertan con datos verídicos, por ejemplo, los hallazgos de medicamentos que nunca fueron comprados ni vendidos en Colombia y aparecen facturados por más de $900 mil millones y las más de 20 mil personas fallecidas que aparecen con atenciones”.
Sostuvo por último al respecto la exfuncionaria que “hay que tener en cuenta además que para el cálculo de la UPC el año pasado de 28 EPS solo 15 presentaron datos y de esas solo cinco tenían datos serios, fiables, si hablamos de recursos públicos de la salud”.
