La Procuraduría informó este martes en un comunicado que solicitó al Ministerio de Educación Nacional información sobre los índices de matrícula de esta vigencia, así como de las estrategias implementadas y las directrices impartidas frente a los programas de bienestar orientados a lograr la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el sistema educativo.
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Así mismo, ante el aumento de hechos de violencia en el contexto educativo, requirió al ministro de esta cartera un reporte sobre la incorporación del Protocolo de Atención y Detección de Violencias de Género, en el cual se deberán indicar las medidas adoptadas para promover su aplicación en las instituciones educativas que aún no lo han implementado.
Se lee en la misiva que se deberán informar “las estrategias y directrices impartidas para la prevención y atención del acoso escolar, bullying y discriminación en instituciones educativas” adjuntando evidencias.
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El Ministerio Público también pidió un balance del seguimiento efectuado al funcionamiento de los comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar, e información sobre las actuaciones que de manera articulada ha realizado con el sector de salud y justicia para garantizar la debida atención y protección de las víctimas de violencia sexual en los entornos educativos, durante el 2024 y lo transcurrido de la presente vigencia.
Y pide finalmente la Procuraduría “remitir el plan de trabajo que contenga acciones de seguimiento y monitoreo a las Entidades Territoriales Certificadas en Educación (ETC) e instituciones educativas para prevenir y atender el acoso escolar, las violencias basadas en género y la discriminación en la educación básica, media y secundaria”.
