La Superintendencia Nacional de Salud prorrogó este miércoles por un año la intervención administrativa a la Entidad Promotora de Salud (EPS) Sanitas, del grupo de origen español Keralty, por sus problemas financieros y de atención a sus afiliados.
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Según la Supersalud, en Sanitas, que tiene 5,8 millones de afiliados, “persisten los incumplimientos normativos respecto a las condiciones financieras y de prestación de servicios a sus usuarios”.
La empresa fue intervenida el 2 de abril de 2024 por insolvencia debido a la crisis que enfrentan varias entidades que prestan servicios de salud en el país.
La Supersalud explicó que, en el caso de Sanitas, “se mantienen los causales de intervención contemplados en el artículo 114 del Decreto Ley 663 de 1993″.
El grupo Keralty, dueño de la EPS Sanitas, recurrió en enero de este año a “instancias internacionales” para solucionar esa disputa que, según afirma, afecta su situación financiera y la prestación de sus servicios.
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Los accionistas del grupo Keralty señalaron que las medidas tomadas por el Gobierno “constituyen un trato arbitrario, discriminatorio e injusto, que ha derivado en la destrucción del valor económico de EPS Sanitas, en perjuicio de sus accionistas, colaboradores y la sociedad colombiana en general”.
“El argumento de que una intervención por parte de la Superintendencia de Salud corregiría lo que el Gobierno ha querido hacer ver como una “mala gestión” de administradores privados es contraria a la realidad. Los resultados de este año demuestran que esta intervención no ha solucionado la crisis, sino que, por el contrario, la ha agravado y los indicadores de patrimonio, reservas técnicas y quejas han empeorado a niveles alarmantes”, señaló Keralty en un comunicado.
Agrega que “esto evidencia que el problema, como lo anticipamos hace más de dos años, se concentra en la desfinanciación del sector y en las deudas acumuladas que el Gobierno se niega a reconocer. Insistimos en que no se trata de “mala gestión” de Keralty, sino de insuficiencia de recursos por la desfinanciación atribuible al Estado colombiano”.
Por esa razón, y ante las dificultades para llegar a una “resolución amistosa” de la disputa, el grupo empresarial que en abril de 2024 ya había presentado una denuncia penal contra el entonces superintendente de salud Luis Carlos Leal, por la intervención del Gobierno en Sanitas, llevó el caso a la esfera internacional.
Keralty no dio detalles de esta demanda, pero trascendió que los accionistas la presentaron ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), alegando que la intervención vulnera el acuerdo para la protección recíproca de inversiones existente entre España y Colombia.
Por esa razón, los accionistas de Keralty, que son Centauro Capital (61 %) y Natanor XXI (39 %), reclaman al Estado colombiano 1.200 millones de dólares.
Cuando la Superintendencia de Salud ordenó la intervención por un periodo de un año de Sanitas, alegando supuesta insolvencia de la empresa, esta tenía una deuda de unos 471 millones de dólares.
El Gobierno, que intenta sacar adelante una cuestionada reforma a la salud, ha intervenido varias EPS con el argumento de que tienen problemas financieros y no están cumpliendo con sus compromisos de atención a los usuarios.
Sin embargo, ninguna de las empresas intervenidas ha mejorado su situación ni financiera ni de atención al público y, por el contrario, las asociaciones médicas denuncian que han empeorado porque el Gobierno les restringe los pagos que reciben por atender a la ciudadanía.
Debido a esa situación, numerosos hospitales y clínicas han cerrado unidades en las que atienden diversas especialidades y denunciado que escasean las medicinas que deben entregar a los pacientes.
