Antonio Sanguino, ministro del Trabajo, informó que el lunes 21 de abril el Gobierno radicará ante el Congreso de la República el proyecto de ley para el trámite de la consulta popular, una iniciativa con la que se definirá el futuro de la reforma laboral.
“Los invito a que nos acompañen el próximo 21 de abril seguramente estaremos radicando ante la Secretaría del Senado de la República la solicitud del presidente firmada por todos los ministros del despacho para convocar a la consulta popular que haga posible la expresión de la ciudadanía”, informó Sanguino a los sindicatos durante la instalación de la Mesa de Negociación Nacional Estatal.
¿Qué es la consulta popular?
El artículo 103 de la Constitución colombiana señala que la consulta popular es uno de los siete «mecanismos de paticipación del pueblo en ejercicio de su soberanía».
Según la Ley 134 de 1994, que reglamenta estas mecanismos, la consulta popular es «la institución mediante la cual, una pregunta de carácter general sobre un asunto de trascendencia nacional, departamental, municipal, distrital o local, se somete por el presidente de la República, el gobernador o el alcalde, según el caso, a consideración del pueblo para que éste se pronuncie formalmente al respecto».
En este mecanismo, las preguntas que se formulen deben estar redactadas de la forma más clara posible para que los ciudadanos respondan ‘Sí’ o ‘No’.
Desde que se estableció la consulta popular en la Constitución de 1991, este mecanismo sólo se utilizó una vez, en 2018, cuando los colombianos acudieron a las urnas para votar una consulta anticorrupción promovida por la exalcaldesa de Bogotá Claudia López.
Esta propuesta buscaba, entre otras cosas, reducir el sueldo a los congresistas y funcionarios públicos que ganaran más de 25 salarios mínimos legales vigentes y la posibilidad de que los corruptos tengan pena de cárcel, así como el prohibirles volver a contratar con el Estado.
Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó entonces que la consulta anticorrupción no superó los 12,1 millones de votos necesarios para que fuera vinculante, pues sólo participaron un total de 11.674.951 personas que representaban el 32,05 % del censo electoral de entonces en el país.
