Redes criminales locales e internacionales aprovechan la baja edad de consentimiento sexual en Colombia -actualmente de 14 años- para explotar sexualmente a niños, niñas y adolescentes, revela un informe al que EFE ha tenido acceso.
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La investigación estuvo a cargo del profesor Arturo Harker Roa y el investigador Kevin Mojica, de la Universidad de los Andes, como parte de un informe de Childlight en colaboración con ese centro académico.
Childlight es un centro global de datos sobre protección infantil con sede en la Universidad de Edimburgo (Escocia) y la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia).
El informe, ya disponible en la web de la organización (www.childlight.org), advierte de que esta brecha legal impide a las autoridades diferenciar entre relaciones consensuadas y explotación sexual, dificultando la penalización de los casos.
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“La explotación sexual infantil no es inevitable, se puede prevenir. Pero necesitamos mejores regulaciones y políticas para impedir que ocurra”, dijo a EFE Deborah Fry, directora de datos de Childlight y profesora de protección infantil internacional.
La investigación se basa en entrevistas con expertos
La investigación se basa en entrevistas con once expertos colombianos -siete investigadores criminales, dos exagentes de INTERPOL, un fiscal y una profesional de ONG- y en la revisión de 20 estudios clave seleccionados entre más de 780 publicaciones.
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Su objetivo es analizar cómo operan y se financian las redes dedicadas a la explotación sexual infantil.
“Estas organizaciones funcionan en múltiples niveles, desde grupos pequeños hasta redes más grandes como el Tren de Aragua (banda venezolana)”, explicó Arturo Harker Roa a EFE.
“Muchas operan con fachadas legales -agencias de turismo, modelaje o eventos-, y la explotación suele estar disfrazada de oportunidades laborales”.
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Según el estudio, las víctimas tienen frecuentemente entre 14 y 17 años, y muchas no se consideran a sí mismas como tales.
“Se genera una trampa de dependencia: manipulación emocional y económica, falsas promesas, vínculos afectivos o incluso adicciones. Eso dificulta que las víctimas busquen ayuda o que las investigaciones prosperen”, señaló Harker.
Deborah Fry destacó que la situación de Colombia es preocupante no solo a nivel regional, sino global.
“La edad de consentimiento suele ser de 16 a 18 años en la mayoría de países. El hecho de que en Colombia sea de 14 crea un vacío legal enorme y pone a los menores en riesgo tanto dentro como fuera del país”, aseguró.
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El informe identifica un vínculo con destinos turísticos
El informe identifica además un vínculo entre destinos turísticos populares -como Cartagena y Medellín- y altos niveles de explotación.
Parte del abuso ocurre en viviendas alquiladas por plataformas digitales, lejos del control estatal.
También se detecta producción de contenido abusivo en directo, con pagos a través de efectivo, transferencias o criptomonedas.
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Para Childlight, la clave está en armonizar la legislación con los estándares internacionales y aumentar la capacidad estatal de prevención, regulación y respuesta.
“Esperamos que este informe ayude a los profesionales en primera línea, a los legisladores y también a generar conciencia para que estas situaciones dejen de ser normales”, dijo Fry.
“Hablar de esto es fundamental para prevenirlo”, añadió.
Silvia Piceda, superviviente de abuso sexual infantil y activista argentina, también participó en el proyecto a través de la organización ‘Adultxs por los Derechos de la Infancia’.
“El abuso sexual no es solo un delito: es una forma de relación basada en el poder”, dijo a EFE.
“Subir la edad de consentimiento es esencial, pero no suficiente si no cuestionamos como sociedad la lógica que permite estas violencias”.
Childlight propone una estrategia integral que incluya cambios legales, monitoreo digital, formación de profesionales, educación emocional desde la infancia y transformación cultural.
“Todos podemos aportar desde donde estemos. Si vemos algo, no podemos mirar hacia otro lado. Proteger a la infancia es una tarea de toda la comunidad”, concluyó Harker.
Childlight dice -según fuentes como UNICEF y la OMS- que uno de cada cinco niños en el mundo sufre algún tipo de violencia sexual.
En Colombia, los expertos temen que el número real de víctimas sea muy superior al registrado oficialmente.
Su mensaje es claro: si no se actúa ya, la impunidad seguirá protegiendo a los agresores.
