La Defensoría del Pueblo presentó su más reciente informe sobre conflictividad social que da cuenta de que entre enero del 2022 y mayo del 2024 hubo 38 eventos de conflictividad social relacionados con la presencia de cultivos de uso ilícito en el territorio nacional.
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'La cifra más alta data del 2022, con 28 casos ( 74 % del total de los hechos identificados); en 2023, nueve (24 %), y entre enero y mayo de este año, uno (3 %). Los departamentos en los que ocurrieron los eventos fueron Nariño: 21 % de los hechos; Córdoba: 18%; Norte de Santander: 16 %; Bolívar: 13 %; Putumayo: 8 %; Antioquia: 8 %; Cauca: 5 %; Meta: 5%; Valle del Cauca: 3 %, y Caquetá: 3 %', indica el reporte.
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Explica el ente del Ministerio Público que estos conflictos se deben a incumplimientos de los programas de sustitución, partiendo de la base que el Acuerdo Final de Paz define al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) como uno de los pilares de solución a la problemática, como también lo es la Reforma Rural Integral, que busca brindarle al campesinado una solución sostenible y definitiva. A la fecha, 99.097 familias han firmado acuerdos de sustitución en el país.
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'Entre las falencias evidenciadas está la aplicación de la política rural y de sustitución de cultivos de uso ilícito, lo cual se manifiesta a través de ineficacia de las instituciones responsables del desarrollo rural, descoordinación entre niveles de gobierno para brindar una oferta sostenible, inseguridad alimentaria y nutricional y presencia de estructuras armadas ilegales', se lee.
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Por ello, la Defensoría plantea que es necesario que el Gobierno nacional aumente esfuerzos para desarrollar acciones orientadas a la sustitución gradual de los cultivos de uso ilícito, como el apoyo en la implementación de proyectos productivos de ciclo corto, que tienen un alcance de metas tan solo del 9 %; la asistencia técnica integral, que cuenta con un avance del 50 %, y la implementación de alternativas de desarrollo agrícola.
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El informe concluye que 'las acciones de erradicación forzada o voluntaria no conducen a la eliminación del primer eslabón en la cadena de las drogas ilícitas. Por lo tanto, deben estar acompañadas de una oferta institucional que potencie la sostenibilidad de los cultivos lícitos y les haga frente a los problemas agrarios'.
