La Contraloría advirtió este viernes en un comunicado que los niveles de pobreza y desigualdad en Colombia 'siguen siendo altos', mientras que las empresas de mayores ingresos 'son las que tienen mayores descuentos tributarios en proporción a sus ingresos y las que están pagando menores tarifas efectivas'.
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Por ello, para el ente de control fiscal 'resulta imperante que Colombia mejore su sistema tributario y la orientación del gasto público', asegurando que estas medidas 'son esenciales para lograr un mayor efecto redistributivo que se traduzca en una significativa reducción de la desigualdad'.
Al realizar un estudio sectorial sobre los indicadores de pobreza y desigualdad en Colombia y los efectos que han tenido las reformas tributarias desde 2012 hasta 2019, principalmente en equidad, se muestra que, aunque en la última década la tendencia es a la baja, para 2021 un 39,3% de la población estaba en pobreza monetaria y 12,2% en pobreza monetaria extrema.
El otro indicador del DANE, pobreza multidimensional, mostró para este período una reducción de la población que se encontraba en esta condición, pues mientras en 2014 estaba el 21,6% de la población, para 2022 la incidencia bajó a 12,9% El estudio precisa que en 2020 el indicador sufrió un retroceso por los efectos de la pandemia de la covid-19.
Recordó el organismo de control que 'la pobreza multidimensional tiene en cuenta las dimensiones de condiciones educativas del hogar; condiciones de la niñez y juventud; salud; trabajo; y acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de la vivienda'.
Indicó además que para 2021, el Gini, indicador utilizado frecuentemente para medir desigualdad, fue de 0,523 mostrando un avance, aunque leve, en la distribución del ingreso. Y según las estadísticas publicadas por World Inequality sobre Colombia, en 2021 el 10% más rico de la población obtuvo el 55,6% del ingreso total, en contraste con la mitad más pobre de la población que apenas alcanzó el 6,9%. Por su parte, el 1% más rico obtuvo el 17,8% del ingreso total.
'La principal conclusión es que las reformas tributarias de 2012 a 2019 no tuvieron un gran impacto en la progresividad del impuesto sobre la renta para personas naturales y jurídicas. Con las reformas el número de personas naturales que presentaron declaraciones de renta experimentó un notable incremento entre 2014 y 2021, pasando de 1,6 millones a 4,4 millones de contribuyentes. En particular, el aumento del 51% en 2017 se atribuye en gran medida a los cambios introducidos por la reforma de 2016, lo cual resultó en un significativo incremento en el recaudo neto del impuesto', señala la Contraloría.
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En cuanto al impuesto sobre la renta de personas jurídicas, que representa en promedio el 78% del total recaudado, se registró un aumento anual promedio del 6% en el número de declarantes durante el periodo 2014-2021. El impuesto neto aumentó de $23 billones en 2014 a $49 billones en 2021, con una tasa nominal de crecimiento promedio del 14% anual.
'El impuesto sobre la renta de personas jurídicas mostró una alta concentración de ingresos en los deciles superiores, tanto en ingresos brutos como en renta líquida gravable. En promedio, el decil 10 concentró el 94% de los ingresos brutos y el 91% de la renta líquida gravable reportada por las empresas durante el periodo analizado', sostiene el reporte.
Y, por último, pone de presente el ente de control que la tarifa efectiva estimada para el impuesto sobre la renta de personas jurídicas promedió un 20,2% entre 2014 y 2021, concluyendo que después de la reforma tributaria de 2016, se logró reducir la carga tributaria para las empresas, aunque de una manera que carece de progresividad, ya que las empresas del decil más alto experimentaron mayores descuentos en proporción a sus ingresos, resultando en tasas efectivas más bajas para este grupo.
