La Defensoría del Pueblo llamó este jueves a las y los tomadores de decisiones de fondo, en calidad de funcionarios con mando territorial, a posicionar en sus agendas públicas y con carácter prioritario los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas mayores.
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Esto teniendo presente las variables diferenciadoras de edad, sexo, género, etnia, diversidad funcional e identidades y orientaciones sexuales en los diferentes territorios, de cara al proceso de envejecimiento demográfico que enfrenta Colombia.
'En 1994, por cada 100 hombres y mujeres, siete eran personas mayores, mientras que para 2024 la cifra, también por la misma tasa de personas, asciende a 15 personas mayores y se proyecta continuar en aumento. En este escenario se vuelve esencial que los diferentes sistemas de atención, el Estado en su conjunto y la sociedad misma adelanten las adecuaciones normativas, de política pública y de servicios sociales para brindarle atención especializada, diferencial, oportuna, de calidad y en garantía de derechos a la población mayor', se lee en el comunicado del organismo del Ministerio Público.
Agrega el reporte que el 64% de esta población está en los estratos 1 y 2. Y solamente una de cada diez personas mayores en las zonas rurales se pensiona.
Por ello, en el ‘Encuentro de saberes en torno a las vejeces’, organizado por la Defensoría del Pueblo, la entidad nacional de derechos humanos hizo un llamado para que el Estado colombiano, en corresponsabilidad con la sociedad y las familias, redoble los esfuerzos que permitan eliminar la discriminación por edad y las violencias que diariamente enfrentan las personas mayores en sus múltiples expresiones, como la física, psicológica, verbal, emocional, abuso sexual, económica, financiera y patrimonial e institucional y estructural.
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'A fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad, el Estado tiene la obligación de velar porque ese grupo poblacional, al constituirse como sujeto de especial protección constitucional, tenga asegurado el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales', indica el documento.
