Tras las amenazas denunciadas del líder social Leyner Palacios, sobreviviente de la masacre de Bojayá, el presidente Iván Duque se reunirá con él esta semana.
'Presidente Ivan Duque me ha citado a diálogo, iré a exponer situación de Bojayá y del Pacífico desde liderazgo colectivo que se nutre de reflexiones de otros líderes sociales y comunidades afrodescendientes e indígenas de la región', escribió Palacios en su cuenta de Twitter.
El encuentro será el próximo miércoles o jueves en Bogotá, en el marco del evento Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
También el pasado domingo, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, se reunió con el líder social en Bojayá para conocer de cerca la situación.
Leyner Palacios denunció las amenazas de los grupos ilegales que pedían su salida del Chocó en menos de 2 horas.
Así mismo, Ceballos viajó a los corregimientos Corazón de Jesús, Piedra Candela, Pogue, Lomas de Bojayá y al casco urbano de Bellavista (Bojayá) con el fin de 'identificar iniciativas que fortalezcan la seguridad de la zona'.
El pasado sábado, Leyner Palacios escribió una columna de opinión en un medio capitalino, en donde expresó la tensa situación que se está viviendo en Bojayá.
'Tengo frustración y miedo pues todo se está repitiendo. Después de padecer la masacre tan terrible, la del 2 de mayo de 2002, de sobrellevar 5 desplazamientos con mi familia, los ataques que ha sufrido mi hija Ana Luisa, evidenció que la violencia se sigue ensañando con mi pueblo', manifestó Palacios.
También un grupo de líderes solicitaron acompañamiento internacional en los territorios, ante las amenazas de grupos ilegales como el Eln y las Autodefensas Gaitanistas.
'No estamos para que nuestra gente vaya a morirse de hambre en las capitales. Ya lo vivimos en el 96, con todo el proceso tan fuerte del Bajo Atrato y en el 2000 y 2002 con (la masacre de) Bojayá', indicó una de las líderes a El Espectador
En el 2002, Bojayá sufrió una masacre tras un enfrentamiento entre uno de los frente de la extinta guerrilla de las Farc y las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, quienes se disputaban el acceso al Río Atrato para el tráfico de drogas.
Después de 17 años, en noviembre del año pasado, los familiares recibieron los restos de las víctimas que perdieron su vida durante la masacre.
